Ayer, en el Congreso de la Nación se presentó formalmente el pedido de Juicio Político contra el presidente por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. Adolfo Pérez Esquivel, el premio nobel de la Paz, es uno de los impulsores del pedido.
Ayer, se realizó la presentación formal del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, en la Cámara de Diputados.
«Hoy (por ayer), se hizo una presentación de distintas personas, pidiendo el juicio político al Presidente de la Nación por distintas causales algunas de ellas muy probablemente, además son delito. Se presentó en donde corresponde, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, ha pasado ya a la Comisión de Juicio Político quienes tendrán que decidir en función de los fundamentos que tiene cada una de las presentaciones» señaló el ex juex Carlos Rosansky quien forma parte del grupo de personas que realizó la presentación.
El pedido de juicio político contra Milei consta de un escrito de 25 páginas, firmado por el premio Nobel de la Pax, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros y otras.
Lliana Hendel indicó que: «no nos quisieron inicialmente recibir el escrito. En este caso un pedido de juicio político al presidente denunciándolo por incumplimiento de sus funciones como funcionario público de sus deberes como funcionario público. Gracias a la gestión de quienes estamos hoy aquí logramos que este papel esté escrito este documento fuera recibido. Tenemos un número de legajo digital y en papel. No debería ser tan complejo hacer un trámite de estas características. Tienen la obligación de recibir«.
Además de ser presentado en el Congreso, el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas, «con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución Nacional».
En la presentación, piden que se investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los delitos de: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Además, se incluye delitos como abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público a partir de las políticas tomadas por el gobierno nacional desde su asunción. Puntualmente por el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos.
Respecto a lo último mencionado, distintas asociaciones denuncian que ya murieron 6 personas por la falta de medicamentos.
También se incluye la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
A su vez, señalaron que la legitimidad que otorga el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo. Asimismo, se puso como uno de los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, a la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 que “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.