A partir de lo ocurrido en el Hospital Neuropsiquiátrico, dialogamos con Martín Passini del Observatorio de Salud Mental y DDHH acerca de presupuesto destinado a la salud mental en la provincia e incumplimiento de la ley.
Hace cinco días, falleció una paciente de 27 años que estaba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. El deceso se produjo mientras estaba esposada a su cama.
Esta situación puso nuevamente en la agenda el debate acerca de las políticas de salud mental en nuestra provincia y específicamente las estrategias desplegadas en esta institución, ubicada en barrio Juniors.
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Mediante un posteo en sus redes sociales, la Marcha por el Derecho a la Salud Mental expuso: «Enorme tristeza y bronca porque desde hace tantos años venimos denunciando maltratos, abandono y muertes».
Asimismo, resaltó que en la novena movilización -realizada en noviembre de 2022- se exigió la «renuncia de las autoridades de salud mental», recordando los casos más recientes vividos en Córdoba: Ezequiel Castro, joven muerto en el Centro Psicoasistencial; y Jonathan Romo, muerto en la comisaría de La Falda, en Punilla.
Recorte y ajuste en salud mental
Desde el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba exponen que «a pesar de que los organismos sanitarios internacionales recomiendan que el gasto público en salud mental sea el equivalente a, como mínimo, el 10% del gasto total en salud, en las últimas dos décadas ese porcentaje en la provincia de Córdoba ha oscilado entre el 5 y el 6%, con una tendencia a la baja en los últimos cinco años».
En diálogo con El Resaltador, Martín Passini, miembro del Observatorio, ratificó que la problemática central no es la normativa de salud mental en sí misma, sino la falta de cumplimiento.
«En Córdoba, nosotros denunciamos históricamente que existe un discurso aparentemente a favor de la ley, pero en realidad nunca la han cumplido, nunca hicieron una política real de transformación del sistema de atención a la salud mental».
Por el contrario, las estrategias implementadas han sido de ajuste y recorte. Por tanto, Passini resalta que lo esencial sería poder sentar las bases de un «sistema de atención mucho mas desplegado y descentralizado en los barrios, con servicios sobre todo en el primer nivel de atención».
También aludió al déficit de profesionales y recursos humanos vinculados a trabajadores de la salud mental. «Es muy deficiente la red de servicios en el primer nivel, en los hospitales generales los trabajadores siempre estan trabajando al límite, los equipos son muy escasos en relación a salud mental».
Cierre del IPAD
El Observatorio de Salud Mental y DDHH continúa denunciando el cierre del IPAD en abril de 2022, «sin apertura de dispositivos sustitutivos».
A partir de este cierre, «se unifica en el Neuropsiquiátrico una Guardia Central (que sigue siendo un hospital monovalente incumpliendo la ley de salud mental) y que no cuenta con la infraestructura de un hospital general (clínica médica, toxicología) para atender las problemáticas que los/as usuarios/as de salud mental presentan (intoxicaciones agudas, cuadros confusionales)».
«A pesar de los Protocolos de Seguridad, la Policía lleva a la Guardia del Neuro a personas de toda la ciudad de Córdoba sin valoración clínica ni toxicológica previa», visibilizaron.