¿Alcanza con zanjar la brecha digital en Argentina?

Utilizar la tecnología como vehículo para la inclusión social demanda complejizar la discusión de la brecha digital, dejando de lado un modelo tecnocéntrico y virando hacia un marco que contemple también los recursos digitales, humanos y sociales.

Por Lucia Bonetto

La brecha digital en Argentina es sin dudas una deuda pendiente. Como declaró el directivo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gonzalo Quilodrán, en la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados es imprescindible aumentar la cantidad de establecimientos conectados, cifra que actualmente ronda un 40% y que el ENACOM propone llevar al 95%.

A más de 145 días de la declaración del ASPO, gran parte de la vida en sociedad se volcó hacia una vertiginosa digitalización y consecuentemente volvió a aflorar la problemática de la brecha digital en Argentina, una discusión que forma parte de la agenda pública –en ocasiones con más exposición que en otras- desde inicios del siglo XXI. 

A la hora de abordar la brecha digital desde el campo de las políticas públicas nos remitimos al 6 de abril de 2010, con Cristina Fernández anunciando el lanzamiento del Plan Conectar-Igualdad. Basado fundamentalmente en la entrega de netbooks para el nivel secundario, la presidenta afirmaba en su discurso que este dispositivo tecnológico era un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. En 2018 Mauricio Macri lanzó Aprender Conectados que reemplazaba a Conectar-Igualdad y ampliaba el público destinatario a los niveles inicial y primario. Además, incluía la equipación de laboratorios de programación y robótica como usinas de producción de conocimiento.

A continuación, se muestra la cantidad de netbooks entregadas desde el gobierno nacional a alumnos durante el período 2011-2018: 

Según el portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda de la Nación fue en 2013 cuando se entregó la mayor cantidad de dispositivos (1.624.959); mientras que desde 2015 esta cantidad se redujo de 443.000 hasta llegar a 50.000 en 2018. Esto evidencia que la inversión gubernamental destinada a reducir la brecha digital disminuye de manera continuada desde 2014 a la actualidad. Sin embargo, la Encuesta Permanente de Hogares: Acceso y Usos de Tecnología de la Información y la Comunicación del INDEC durante el 4to trimestre de 2019, refleja que el 60,9% de los hogares tiene acceso a una computadora y que un 82, 9% de hogares tienen acceso a internet.

En el último decenio pasó mucha agua bajo el puente, pero es factible afirmar que se registran avances en lo que refiere a dispositivos tecnológicos y conexión a la red en los diferentes núcleos familiares. 

Ahora bien, este marco tecnocéntrico ¿alcanza para superar la brecha digital?¿es la tecnología la solución para lograr más inclusión social? Como mencionan Warschauer y Niiya en Medios digitales e inclusión social¸ es impensado que el dispositivo tecnológico con su respectiva conexión a internet y a una línea de abastecimiento pueda resultar en sí misma una superación de la exclusión social.

En ese sentido proponen avanzar hacia un esquema de la literacidad que incluya un enfoque centrado en la tecnología pero que entienda el uso de las TICs como una práctica social vinculada a los dispositivos tecnológicos, a los contenidos, a las habilidades y a los instrumentos de legitimación social.

Un marco que aborde los medios sociales como vehículo para la inclusión social debería contemplar: recursos físicos (vinculados fundamentalmente a la posesión de dispositivos tecnológicos, acceso a internet y a la línea de abastecimiento eléctrico), recursos digitales (asociados a la disponibilidad y utilidad del material disponible digitalmente), recursos humanos (relacionado a un conjunto de aptitudes y habilidades específicas de las TICs) y recursos sociales (refiere a las estructuras socio-institucionales que legitiman el acceso a las TICs como derecho fundamental).

La planificación y puesta en marcha de una política pública que contemple estas cuatro aristas enriquece el abordaje del problema que busca satisfacer una necesidad compleja como es la inclusión social. 

Te puede interesar: "Argentina producirá una potencial vacuna contra el COVID-19"

Estado de situación en Argentina

En el contexto actual, gran parte de las preocupaciones sociales e incluso de los principales actores políticos del país pasa por reducir la brecha digital. Tal es así que desde la declaración del ASPO se disparó el interés colectivo por comprender y abordar la brecha digital. Esto se ve reflejado en el aumento generalizado de las búsquedas en internet en torno a esta temática, llegando a alcanzar su popularidad máxima entre el 29 de marzo y el 4 de abril.

Sin embargo, el aislamiento obligatorio y la consecuente suspensión de numerosas actividades sociales obligó a una aceleración en la digitalización de la vida en comunidad y abrió la puerta a viejos interrogantes que parecían no tener urgencia, y que hoy en día resultan de vital importancia: ¿estamos preparados a nivel personal para afrontar un sistema mundo digitalizado? ¿Y a nivel social? ¿Cuáles son las formas en las que nos vinculamos con las TICs? ¿Estamos en condiciones de sentirnos incluidos en la vida digital? ¿Qué grado de acceso tenemos a los recursos físicos, digitales, humanos y sociales para llevar adelante nuestras actividades de manera virtual?

La accesibilidad a los recursos digitales está vinculada con la disponibilidad de material en línea, aunque no se agota en la existencia del mismo sino en la utilidad y relevancia que proporciona para los usuarios en un contexto dado. Consecuentemente, a partir de la virtualización uno de los campos que reaccionó con mayor rapidez al desafío de los recursos digitales fue el de la educación.

Desde el Ministerio de Educación desarrollaron el portal Seguimos Educando para que los alumnos puedan continuar aprendiendo desde sus hogares. Algo similar sucedió en las provincias que desarrollaron plataformas propias para la educación a distancia. Luego, la materia pendiente es evaluar el diseño educativo e interactivo así como también la amigabilidad de la plataforma en relación al público destinatario. 

Los recursos humanos refieren a las aptitudes y habilidades humanas para procesar la información de forma crítica al igual que se vincula a la posesión de prácticas y técnicas concretas para la utilización de las TICs. En algunos sectores como el de la educación, los trabajadores no estaban preparados para una virtualización de su labor. Página/12 publica en su sitio la encuesta llevada adelante por SUTEBA sobre Trabajo Docente en Contexto de Aislamiento y muestra que 1 de cada 4 docentes tuvo que aprender a utilizar recursos y herramientas a los fines de mejorar las instancias de aprendizaje ya que solo un 37% había trabajado previamente bajo esta modalidad. En la vereda contraria, RandStad Workmonitor refleja en su informe Percepciones sobre el Impacto de la Pandemia en el Empleo, que el 85% de los trabajadores argentinos afirma sentirse preparado para el nuevo formato de trabajo digital.

La nueva normalidad demanda apertura al aprendizaje, adaptación veloz a los cambios y actualización permanente en lo que refiere a los recursos humanos. Y en esa carrera por la adaptación, se evidencia aún mucha desigualdad. 

Por último, los recursos sociales refieren al poder de legitimación e implantación social de las TICs como fuente de valor para la vida digital. Nuestro país se encuentra inmerso en el debate parlamentario acerca del Régimen de Teletrabajo. Su objetivo es generar una herramienta que facilite su aplicación, definiendo derechos y obligaciones por parte de los trabajadores y de los empleadores que se vinculen a través de este régimen. Esto representa un gran avance normativo en la implementación del trabajo en el marco de la nueva normalidad.

Al menos desde el Estado -entendido como ordenador de la vida en sociedad- existirá un régimen desde donde se promueven derechos y obligaciones de los trabajadores. Emergen dos grandes desafíos en este punto: por un lado, lograr la aprobación del Régimen en la Cámara de Senadores, la implementación efectiva de la normativa y la consecuente sanción en virtud de su incumplimiento. Por otro lado, es imperioso extender este tipo de ordenamiento hacia otras esferas sociales como por ejemplo hacia el campo educativo donde aún no existen reglas del juego claras acerca de la vinculación entre el entorno de aprendizaje y la comunidad educativa. 

Sin lugar a dudas ningún Estado estaba preparado para una digitalización acelerada y repentina. La pandemia del covid-19 pasará a formar parte de la historia mundial como un hito disruptivo y transformador, acelerador de los cambios que ya se veían venir. Utilizar la tecnología como vehículo para la inclusión social demanda complejizar la discusión de la brecha digital, dejando de lado un modelo tecnocéntrico y virando hacia un marco que contemple también los recursos digitales, humanos y sociales. La formulación de políticas públicas asociadas al uso de las TICs como herramienta para la inclusión social debería abordar las desigualdades inherentes a las sociedades que van más allá de la ausencia de un ordenador.

Es por ello clave que se complejice el diagnóstico de la situación y que a partir del mismo se desarrollen acciones de gestión tendientes a garantizar el acceso y las buenas prácticas digitales en la comunidad.