La APDH denunció penalmente al Gobierno de Córdoba por hacer tareas de "inteligencia ilegal"

Una sargento de la Policía de Córdoba hizo filmaciones y sacó fotos durante una manifestación sin tener alguna identificación de la fuerza de seguridad.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitaron a la Justicia que investigue el presunto delito de "inteligencia ilegal" al Gobierno de Córdoba. Los principales apuntados son el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Comisario General Leonardo Gutiérrez, y la Sargento Primero, Claudia Susana Melián Aranibar.

La denuncia de APDH sostiene que la Sargento Primero fue vista camuflada de trabajadora de prensa en una protesta pacífica el día 20 de diciembre en el centro de Córdoba. Claudia Susana Melián Aranibar tomaba fotografías y hacía filmaciones durante la movilización sin algún tipo de identificación de la Policía de Córdoba: solo llevaba un chaleco con la descripción de "prensa".

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Al ser preguntada por un periodista sobre su pertenencia a algún medio de comunicación, Melián Aranibar respondió: “Prensa independiente”.

El miércoles último esta miembro de la @PoliciaCba sacó fotos a manifestantes disfrazada de periodista identificándose como "Periodista independiente" Es la Sgto 1 CLAUDIA MELIÁN @quinterojp @MartinLlaryora ESTO ES UN HECHO GRAVISIMO QUE NOS RETROTRAE A LAS ÉPOCAS DE LA D2!! pic.twitter.com/aSt33gENUi

— H.I.J.O.S. Córdoba (@hijoscba) December 22, 2023

La organización remarcó que estas acciones violan una gran cantidad de leyes y garantías constitucionales: en especial los arts. 248 y 249 del Código Penal (Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público), la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (1991) y la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001).

"Las conductas denunciadas contravienen las facultades policiales regladas e importan una injustificada invasión al ámbito de privacidad de todas y todos quienes concurren a aquellos encuentros públicos. Al mismo tiempo generan desconfianza social y temor en esas mismas personas, inhibiendo su derecho a la participación y debilitando las organizaciones a las que pertenecen, además de infringir derechos individuales y colectivos”, explicaron desde APDH Córdoba.

Para la Asamblea eso se trata de “tareas de inteligencia ilegal”, y revela que este tipo de prácticas en la Policía de Córdoba se producen "de manera permanente y recurrente”. Además, resaltaron que “significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino, y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”.