Superada la semana de paro nacional y protestas en las calles, con violentas represiones policiales y un número no tan definido de muertos que, con certeza, es mayor a 20 personas, se impone hablar del caldo de cultivo que derivó en este estallido social.
Por Matías Mowszet
Las primeras jornadas masivas de protestas en Colombia, un país que se caracteriza por un bajo nivel de movilización ante conflictos sociales, fueron en 2019. En aquel entonces, el principal eje de los reclamos ya era el económico.
El gobierno de Iván Duque, continuidad ideológica del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, implementaba un programa de ajuste con baja de jubilaciones y pensiones en un contexto de desempleo récord y de profunda desigualdad.
Además, emprendió un proceso de sabotaje de los acuerdos de paz con las FARC en los que había avanzado su predecesor, Juan Manuel Santos. Este sabotaje llevó a un recrudecimiento de la violencia y a la aparición de nuevas células de combate guerrillero en un conflicto armado que parecía cerca de erradicarse para siempre.
Si bien estas acciones complicaron la pacificación y generaron hechos que repercutieron negativamente en la imagen de “seguridad” que el gobierno de Duque pretendía brindar, también le sirvió al presidente para retomar la narrativa del “combate contra el terrorismo” y englobar bajo esa figura a todo lo que se parezca a un reclamo social.
Este postulado es el que explica el terrible nivel de violencia policial, ya que el mensaje gubernamental a las fuerzas de seguridad no es “estamos reprimiendo una manifestación” sino que es “estamos en guerra contra los terroristas”.
Las protestas de 2019 terminaron con un joven de 18 años, Dilan Cruz, asesinado por la represión policial.
En diciembre de ese año, las distintas fuerzas que participaron en la protesta acuerdan un “parate veraniego” con la idea de realizar una movilización masiva en marzo de 2020. Como en todo el mundo, la llegada de la pandemia obligó a cambiar los planes y, en el caso de Colombia, apaciguó un conflicto que tenía la potencia de convertirse en un serio problema para el gobierno.
Lo que no cedió es el descontento con la administración de Iván Duque, cuyo rechazo en aquel entonces orillaba los 70 puntos.
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La situación actual
Las protestas de estos días son una suerte de continuidad de aquellas de 2019 pero con nuevos actores y un carácter de masividad que Colombia no conocía.
La situación económica denunciada hace año y medio empeoró por la pandemia. A esto se le sumó una deficitaria gestión sanitaria de combate contra el virus y un recrudecimiento cada vez mayor de la violencia y la inseguridad.
El detonante final fue el proyecto del gobierno para implementar una “reforma tributaria” que distribuía las cargas impositivas de manera poco equitativa. “73% para las personas físicas y 27% para las empresas” como lo describió el renunciado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El golpe era a la clase media mientras que otras entidades como los bancos sostenían niveles bajos de carga tributaria. El proyecto pretendía recaudar miles de millones de dólares para el pago de la asfixiante deuda externa, pero sin tocar a los sectores más rentables de la economía.
La reforma era, fundamentalmente, injusta. Así fue percibida por una clase media que se unió a los sectores desposeídos en el reclamo social y gestó la tan pretendida “unidad en la acción” que pone a Duque contra las cuerdas.
Las protestas crecieron y se esparcieron por todo el territorio colombiano. Con el paso de los días, pasaron de grandes ciudades que operaban de epicentro a trasladar las escenas a cada rincón del país.
Un tweet del ex presidente, Álvaro Uribe, que incentivaba a que los policías disparen balas de plomo a los manifestantes y que fue censurado por la red social, fue el hecho determinante que inició con la balacera y la actitud de las fuerzas de seguridad de combatir la protesta como si fuera una guerra.
Es la participación de esa clase media la que agrava las consecuencias públicas e internacionales de la violencia policial ejercida por el gobierno.
Con más de 20 muertos por la represión y con miles de videos filmados con celulares que se difunden y se comparten por todo el mundo, la crisis adquiere ribetes inviables para la administración Duque, que activa acercamientos diplomáticos con referentes del paro.
La responsabilidad del presidente es la de apaciguar el conflicto cuanto antes. No solo debe hacerlo por la propia estabilidad de su país sino, además, para conservar el tácito apoyo de algunos sectores internacionales de poder, como la OEA, a los que el silencio les está costando carísimo. Están rifando buena parte de la legitimidad de la lucha por Venezuela con esa protección al presidente colombiano.
Más allá de todos estos intentos, el tema adquiere una relevancia pública desde las propias redes sociales y el repudio de base de los pueblos expone la inacción de las instituciones y de algunos estados.
La continuidad de las protestas después de que Duque anunciara el retiro de la reforma tributaria muestra que el asunto es bastante más complejo que un proyecto duro para la clase media. Existen condiciones preexistentes que determinan un alto nivel de hartazgo de la gente para con el gobierno, pero, además, para con una forma de hacer política a través de la violencia.
Resta saber si es posible ver un cambio de paradigma en la forma de ejercer el poder que acostumbra la política colombiana desde hace décadas y que profundizó Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002; también resta saber si la salida a este conflicto será política, con alternativas programáticas que contengan a los descontentos, o si será por la antipolítica y el descreimiento total por las instituciones. El tiempo contestará a las dos preguntas.
