El Gobierno Nacional busca aprobar un proyecto de ley que elimina la protección a la venta ilimitada de nuestros territorios a privados extranjeros. Mientras la gestión libertaria busca poner la tierra argentina a la venta, países como Brasil protegen lo suyo.
En el día de ayer jueves 16 de julio el oficialismo intentó discutir en el Senado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero una vez más no consiguió los acuerdos necesarios y votó postergar su tratamiento. Luego del receso invernal, la normativa volverá a estar en agenda el 6 de agosto.
Este proyecto, con la firma del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, propone modificaciones trascendentales a la Ley de Tierras Rurales.
La más importante tiene que ver con eliminar la restricción en las ventas de territorio argentino a privados extranjeros. Actualmente, no más del 15% del territorio argentino rural de cada provincia y municipio puede estar en manos foráneas. Así lo dispone la Ley 26.737, que además establece un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.
El proyecto de la gestión libertaria busca reducir en gran medida las restricciones en la venta de tierras argentinas a extranjeros, eliminando el límite de adquisición (aunque este punto está sujeto a modificaciones) en una legislación que convertiría a Argentina en uno de los países sudamericanos con menos trabas para ceder su territorio nacional.
La iniciativa ya pasó por 15 modificaciones: las últimas dos fueron agregar el silencio administrativo (cuando el Estado, nacional o provincial, no se pronuncie sobre una venta en cierto tiempo, su silencio significará la aprobación de la operación comercial) y la incorporación de un artículo que le da a cada provincia la potestad para limitar la venta de su territorio a extranjeros según leyes provinciales.
La Libertad Avanza es clara en cuanto a qué sectores busca favorecer: facilita la adquisición de tierras argentinas a privados extranjeros pero endurece las trabas cuando los compradores sean otros Estados, empresas estatales o mixtas. En ningún caso la medida es beneficiosa para la soberanía argentina y es por ello que se encontró con gran resistencia, incluso de personajes en los márgenes de LLA como la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Qué sucede en otros países de la región
Mediante su Ley 5.709/71, Brasil limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) controla el registro de esas operaciones.
En Uruguay no se impide la compra de campos por extranjeros, pero se exigen mecanismos de identificación y transparencia que permitan identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición de las empresas.
A contramano del caso argentino, el Parlamento uruguayo analiza iniciativas para reforzar controles sobre la compra de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.
Paraguay tiene entre el 14% y el 19% de su territorio en manos de extranjeros. En algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza hasta el 60%, principalmente por inversiones brasileñas.
Según el Gobierno Nacional, que busca eliminar o aumentar lo más posible el límite en la extranjerización privada de nuestras tierras rurales, el beneficio del proyecto estaría en una «lluvia de inversiones» millonarias en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia.
Cabe preguntarse si, en caso de que lleguen, cómo se repartirían efectivamente los resultados de esas inversiones, en beneficio de quiénes y si no es un precio demasiado alto pagar con nuestra soberanía nacional.
