La gestión de Milei avanza sobre los pueblos indígenas y cercena sus derechos, profundizado así la histórica deuda de los Estados para con las comunidades preexistentes a la Nación argentina.
Recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la derogación del Decreto N° 805/2021, que extendía la emergencia en cuanto a la posesión y propiedad de tierras indígenas. Estaba vigente desde el 2006 y establecía la interrupción de los desalojos hasta finalizar el relevamiento de sus territorios ancestrales.
El gobierno de Javier Milei señala que la prolongación de esta emergencia por 18 años generó «inseguridad jurídica» y una «grave afectación al derecho de propiedad» de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales.
Además, argumenta que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas y fomentó conflictos territoriales.
La resolución establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestos por la Ley 26.160 y sus prórrogas y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente.
Lo anterior implica que las comunidades originarias pueden sufrir represalias legales y ser acusadas de «ocupación».
Desde la conformación del Estado-nación argentino, los gobiernos tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, que son preexistentes y cuyas tierras les pertenecen porque son una parte fundamental e indisociable de sus culturas, sus organizaciones sociales y políticas y sus aspectos espirituales y religiosos.
Con este decreto, la administración libertaria avanza sobre una legislación que tenía sus falencias previas y una notoria precariedad: ya se había prorrogado por decreto presidencial, lo que permitió que ahora se derogue. Pero que, a fin de cuentas, otorgaba un marco legal para que las comunidades puedan ampararse ante el avasallamiento del Estado y de los poderes económicos.
Recordemos que hace un mes, nuestro país fue el único en votar en contra de un proyecto de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Asamblea General de la ONU, promoviendo así sus políticas y sus convicciones racistas, xenófobas, discriminatorias y negacionistas.
