En medio de la aguda crisis de financiamiento del sector, el pasado lunes los aranceles aumentaron solo un 3,40% y el oficialismo ingresó al Senado un proyecto de modificación regresiva a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno nacional no cede en su guerra contra las y los discapacitados y prestadores de servicios: luego de una semana de protestas por la falta de pleno cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo decidió aumentar los aranceles tan solo un 3,4% y enviar al Senado un proyecto que busca modificar regresivamente la vigente normativa.
El aumento, por demás insuficiente para resolver la situación económica de prestadores, fue calculado en base al IPC de marzo e impacta en los aranceles de todo el sistema de prestaciones básicas a partir de abril. Fue dispuesto por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud y oficializada en la Resolución 41/26, publicada en el Boletín Oficial.
En cuanto a las modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad que el oficialismo llevó al Senado, algunos de los puntos más graves tienen que ver con la obligación de reempadronamiento, el establecimiento de requisitos más estrictos de admisión y la eliminación de garantías como el nomenclador universal.
El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que la actualización arancelaria del 3,4% “resulta insuficiente frente a la grave crisis que atraviesa el sector, con aranceles atrasados y prestaciones en riesgo”.
La semana pasada, el Foro entregó un petitorio en el Ministerio de Economía al Ministro Luis «Toto» Caputo en el que reclamó por fondos urgentes para Incluir Salud (programa federal que brinda cobertura de salud a personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas sin obra social), así como la regularización de pagos a prestadores y la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada en el Congreso.
No obstante, la respuesta del Gobierno Nacional fue enviar al Senado el pasado fin de semana un proyecto que modifica la Ley de Emergencia en aspectos que perjudican al sector.
Qué dice el nuevo proyecto
Con énfasis en prevenir, detectar y sancionar supuestos “fraudes” en el otorgamiento de pensiones y dirigirlas “exclusivamente a personas con una incapacidad debidamente acreditada”, la gestión libertaria esgrime la excusa de corrupción sin prueba alguna para seguir demorando y trabando el cumplimiento de la Ley, presionando a familias y trabajadores en sumo estado de vulnerabilidad a una situación límite: pagos atrasados por meses, cierre de instituciones, deuda acumulada, falta de alimentos e insumos, éxodo de profesionales.
El proyecto del Gobierno Nacional propone auditorías periódicas a cargo de la Secretaría de Discapacidad y cruce de datos con organismos como Anses y Arca para verificar que se cumplen los requisitos económicos, documentales y médicos.
A su vez, todos los beneficiarios deberán actualizar sus datos en un plazo mínimo de 90 días (con posible prórroga), o de lo contrario podrían sufrir la “suspensión preventiva” de la pensión. En ese caso, el titular de la pensión tendrá 60 días para regularizar su situación: si cumple, la pensión será restablecida inmediatamente y con efectos retroactivos, y si no cumple, se dará de baja.
El proyecto libertario endurece los requisitos para convertirse en beneficiario de la Pensión No Contributiva (PNC), cuyo monto se fija en el 70% de una jubilación mínima: solo podrán acceder personas sin recursos suficientes y mayores de 70 años o imposibilitadas para trabajar y es incompatible con tener trabajo formal o estar inscripto como monotributista o autónomo. Personas discapacitadas que acceden a un trabajo registrado quedan excluidas de la PNC.
El monto de la PNC se actualiza según el de jubilación mínima, mientras que los aranceles de las prestaciones se ajustarán cada tres meses o por IPC en caso de demoras. También se reconoce una compensación a prestadores: el Estado pagará la diferencia entre la inflación y los aumentos recibidos en el período diciembre 2023-diciembre 2024.
Si bien se garantiza un “piso mínimo” de prestaciones, no habrá valores iguales en todo el país. “El Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales, los cuales deberán ser determinados por cada ente obligado, en el marco de su relación con los respectivos prestadores, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los estándares de calidad prestacional”, dice el artículo 11.
Sin nomenclador universal, se abre la vía de la desigualdad entre jurisdicciones, tanto en calidad de prestaciones como en capacidad de atención, descartando el criterio federal de la Ley de Discapacidad, resumió el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) al medio La Voz.
El financiamiento de la nueva ley saldrá del Presupuesto Nacional (Ministerio de Salud) y, si no alcanza, se cubrirá con fondos del Tesoro. La Nación podrá firmar convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para gestionar prestaciones.
“Tenemos una mirada negativa, porque el Gobierno busca una nueva estrategia para no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo cual demuestra que, efectivamente, no la están cumpliendo, por más que hayan aumentado aranceles”, lamentó Paulón, quien acompañó la manifestación al Ministerio de Economía igual que otros diputados como Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Juan Marino (Unión por la Patria).
