El Senado debatirá en agosto el proyecto para aumentar las penas por falsas denuncias y falso testimonio. La iniciativa podría desalentar las denuncias de violencia de género, pese a que los datos oficiales indican que las falsas denuncias representan un porcentaje mínimo de las causas penales.
El oficialismo en el Senado decidió avanzar con el proyecto de ley que endurece las penas por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, una iniciativa promovida por la senadora Carolina Losada que volvió a cobrar impulso en medio de las negociaciones políticas para reunir apoyos de cara a la suspensión de las PASO.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, convocará a una sesión para el próximo 6 de agosto con el objetivo de aprobar la propuesta, que había quedado relegada durante varios meses luego de recibir fuertes cuestionamientos.
Un proyecto cuestionado por su impacto sobre las víctimas
La iniciativa modifica artículos ya existentes del Código Penal para incrementar las penas por falsa denuncia y falso testimonio, especialmente cuando la imputación recaiga sobre delitos dolosos graves o involucren a menores de edad. También prevé sanciones más severas si la denuncia hubiera derivado en restricciones de derechos patrimoniales o familiares.
Losada sostiene que las falsas denuncias «arruinan vidas» y consumen recursos judiciales, por lo que considera necesario endurecer las sanciones. Sin embargo, organizaciones que trabajan con víctimas de violencia advierten que el proyecto parte de una premisa que no está respaldada por evidencia estadística y que podría generar un efecto contrario al buscado. Es decir, desalentar aún más las denuncias de mujeres y niños que sufren violencia.
La versión original de la iniciativa apuntaba específicamente a las denuncias por violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias. Tras las críticas recibidas, el oficialismo negoció cambios con bloques aliados y amplió el alcance de la reforma a otros delitos para facilitar su aprobación.
Las estadísticas contradicen el argumento central del proyecto
Uno de los principales cuestionamientos proviene de los propios datos oficiales.
Según un informe del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, las falsas denuncias constituyen un fenómeno «marginal». Representan apenas el 0,09% del total de las causas penales analizadas en más de ocho millones de investigaciones realizadas en 17 jurisdicciones del país durante los últimos tres años.
El estudio concluye que no existe evidencia de un crecimiento de este tipo de delitos que justifique un endurecimiento de las penas. En promedio, se registra una causa por falsa denuncia cada mil expedientes penales y una por falso testimonio cada cuatro mil.
A su vez, las estadísticas muestran que el problema sigue siendo la baja cantidad de denuncias por violencia. De acuerdo con datos de la Corte Suprema correspondientes a 2024, solo el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente situaciones de violencia. En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC señala que apenas el 12,5% de las víctimas de delitos contra la integridad sexual realiza una denuncia.
Temor a una mayor criminalización de quienes denuncian
La reforma puede fortalecer estrategias judiciales orientadas a desacreditar a quienes denuncian violencia de género o abuso sexual infantil.
Madres protectoras y colectivos especializados advirtieron que ya es frecuente que las defensas de los acusados argumenten que las denuncias fueron realizadas por venganza, despecho o para obtener ventajas económicas o familiares. Consideran que una ley de este tipo podría profundizar esa tendencia y convertirse en una herramienta para intimidar a las víctimas.
En abril, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina también expresó su rechazo al proyecto. En un comunicado sostuvo que la supuesta proliferación de falsas denuncias «carece de sustento empírico» y alertó que instalar esa idea puede desalentar las denuncias, reforzar estereotipos de género y debilitar la credibilidad de las víctimas.
Un debate atravesado por la negociación política
Más allá de la discusión jurídica, la iniciativa quedó vinculada a la estrategia parlamentaria del oficialismo. En el Senado reconocen que la prioridad política es consolidar acuerdos con sectores de la oposición para avanzar también con la suspensión de las PASO.
Con las modificaciones incorporadas al texto, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios cuando el proyecto llegue al recinto tras el receso invernal. De este modo, el endurecimiento de las penas por falsas denuncias se convertirá en uno de los primeros debates de una agenda legislativa marcada por las negociaciones entre el Gobierno y sus aliados.
