La obra social del Estado acumula deudas y en algunos casos, no paga honorarios desde octubre del año pasado. Este martes el sector de Discapacidad marchará al Ministerio de Economía.
El ajuste en discapacidad ha sido una constante en la gestión de Javier Milei, que ya recortó alrededor de un 30% del presupuesto a este sector, a pesar de que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Poder Legislativo y luego un fallo judicial obligó al Ejecutivo a cumplirla.
Pablo Molero, referente del Foro Permanente Discapacidad, denuncia que la falta de pago de parte de obras sociales a prestadores de servicios alcanzó niveles críticos: «Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan”, declaró en diálogo con Página/12.
El referente señala que las y los prestadores, desde transportistas hasta instituciones educativas y centros de día, se encuentran en una situación «terminal«. El problema central es que si bien se actualizó el nomenclador hay un aspecto clave de la Emergencia en Discapacidad, el reconocimiento y solvencia de las deudas acumuladas desde 2023, que no está siendo resuelto por el Gobierno Nacional.
«Todas las semanas cierra alguna institución»
El programa Incluir Salud, obra social pública de las personas con discapacidad, acumula deudas desde hace meses y no le paga a prestadores. En algunos casos, la falta de pago va desde octubre del año pasado. En el PAMI ocurre algo similar, con más de 1200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud.
Estas condiciones llevan a que “todas las semanas cierra sus puertas alguna institución”, explica Molero.
Es por ello que este martes 14 de abril, el Foro Permanente Discapacidad convoca a organizaciones miembro y comunidad en general a marchar al Ministerio de Economía (Hipólito Yrigoyen 250, CABA) a las 10:30hs.
El objetivo es entregarle al Ministro de Economía Luis «Toto» Caputo una nota exigiendo la inmediata transferencia de fondos para el Programa Incluir Salud, Pensiones No Contributivas, PAMI (coberturas de prestaciones de discapacidad) y garantizar la plena implementación de la Ley 27.793.
Qué pasa con la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno Nacional reglamentó a principios de 2026 la Ley de Emergencia en Discapacidad, obligado por la Justicia. El problema es que se actualizó el nomenclador, pero no se resolvió la cuestión de fondo: las deudas acumuladas para con el sector desde 2023.
Los prestadores afirman que actualmente facturan casi un 40% menos de lo que dicta la Emergencia en Discapacidad. A este desfasaje se suman las deudas que el Estado acumular por la crisis del Incluir Salud.
“No hay voluntad política de aplicar la ley y sostener a nuestro sector”, explica Molero.
El ajuste en discapacidad impulsado por el Gobierno Nacional genera una situación de extrema gravedad en un sector ya vulnerable de la población, con consecuencias directas en la calidad de vida de personas con discapacidad, sus redes de apoyo y quienes trabajan para el sector.
Profesionales prestadores de servicios renuncian y migran a otros puestos de trabajo para sobrevivir; instituciones recortan servicios o reducen la calidad de las prestaciones, como el caso de la alimentación; crece la acumulación de deudas y la presión económica sobre las familias; no hay vacantes para el ingreso de nuevas personas con discapacidad a dispositivos, programas y herramientas de contención; y muchas instituciones se ven obligadas a cerrar definitivamente.
Trabajadores de ANDIS denunciaron que cobran su sueldo en cuotas: “De los 800 que somos hay 300 que no cobraron abril. Los 500 restantes vienen en conflicto desde enero, algunos no cobraron y otros se les depositó solo 190 mil de sueldo. También se están pagando con retraso los aportes sociales”, dijo a Página/12 una fuente gremial.
