La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a continuar con el pago del programa Volver al Trabajo. Organizaciones sociales denuncian un nuevo ajuste sobre los sectores más vulnerables y advierten que casi un millón de personas quedarán sin un ingreso alimentario.
El ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre las políticas sociales se agudiza. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado nacional a mantener el pago del programa Volver al Trabajo, una decisión que dejará sin ingresos a cerca de un millón de beneficiarios y que fue duramente cuestionada por organizaciones sociales.
La resolución judicial pone fin al amparo que había permitido sostener el pago durante mayo, junio y julio de este año, luego de que el Ejecutivo anunciara el cese del beneficio a partir del 1° de mayo. Según explicó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Cámara consideró que mantener la cautelar implicaría anticipar el resultado del juicio de fondo.
Un beneficio congelado desde 2023
El programa ya venía sufriendo un fuerte deterioro desde el inicio de la gestión libertaria. Tras la asunción de Milei, el Gobierno decidió desvincular el monto de los programas sociales del Salario Mínimo, Vital y Móvil, mecanismo que regía desde 2016.
Hasta entonces, quienes percibían estos programas cobraban un monto equivalente al 50% del salario mínimo. Con la modificación, el ingreso quedó congelado en 78.000 pesos y nunca volvió a actualizarse.
De acuerdo con las organizaciones sociales, si se hubiera mantenido el mecanismo anterior, el beneficio debería ubicarse actualmente en 186.200 pesos, lo que representa una pérdida del 58% respecto de lo que establecía la normativa y del 76% frente a la evolución de la canasta básica alimentaria.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, también interrumpió el envío de alimentos a comedores populares, profundizando el impacto sobre los sectores de menores ingresos.
Organizaciones denuncian un nuevo golpe a los trabajadores comunitarios
Desde el Polo Obrero, su dirigente Eduardo Belliboni sostuvo que la decisión confirma «el desprecio» del Gobierno hacia quienes sostienen el funcionamiento de comedores y merenderos en los barrios populares.
Los beneficiarios del programa son en gran medida trabajadores comunitarios que cumplen tareas de asistencia social y que ahora perderán un ingreso que, aunque fuertemente depreciado, continúa siendo esencial para miles de familias.
En la misma línea, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió que la medida agravará la crisis social y también tendrá consecuencias económicas en las provincias.
La dirigente sostuvo que los recursos que dejarán de percibir los beneficiarios son dinero que hoy circula en almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de barrio, por lo que la suspensión del programa afectará también a las economías locales y regionales.
Además, cuestionó a los gobernadores que respaldan las políticas del Ejecutivo nacional y consideró que serán las administraciones provinciales las que deberán enfrentar las consecuencias del deterioro social.
Anticipan apelaciones y nuevas protestas
Tras conocerse el fallo, tanto la UTEP como el Polo Obrero adelantaron que buscarán revertir la decisión por la vía judicial.
Al mismo tiempo, las organizaciones anticiparon un endurecimiento de las medidas de protesta. Duarte afirmó que «el territorio es una olla a presión» por el agravamiento de la situación económica, mientras que Belliboni confirmó que impulsarán asambleas y cortes de ruta, al sostener que casi un millón de personas quedarán sin un ingreso destinado a cubrir necesidades alimentarias básicas.
