La iniciativa pretende disolver los abusos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre un proyecto integral contra la violencia institucional. La iniciativa busca prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
El objetivo es plantear y aclarar pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz». Además, incorpora una formación con perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
Por último, la iniciativa plantea ciertos principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
El proyecto fue presentado en diciembre por Paula Penacca, Hugo Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos tratarán el tema desde las 18.
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Más datos sobre el proyecto
El proyecto conceptualiza a la violencia institucional como «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas«.
De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».
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La iniciativa establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima».
También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».
Fuente: Télam.