Defensores ambientales denuncian que la Provincia no respeta el hábeas corpus

Organizaciones cuentan que la Policía de Córdoba sigue amedrentanto a las personas que protegen el ambiente y se oponen a las obras de autovía en los valles de Punilla y Paravachasca.

Este miércoles 24 de agosto, la Jueza de Control de Córdoba, Celeste Ferreyra, hizo lugar a un Hábeas Corpus (HC) colectivo dirigido a proteger la integridad física y la libertad de defensores ambientales de la provincia. El recurso fue presentado por abogados y abogadas de las dinstitas asambleas de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas.

La acción tiene como objetivo proteger a las personas que vienen sufriendo distintos tipos de violencia institucional, hostigamiento, amenazas, arrestos arbitrarios y, también, desatención de sus demandas por parte de diferentes entes estatales provinciales y municipales.

Sin embargo, las organizaciones denuncian que, a pesar de que la Justicia hizo lugar al HC, la Provincia sigue amedrentando a los defensores ambientales.

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"Ayer no detuvieron a nadie, pero hubo una fuerte presencia policial. Desde el Gobierno quieren imponer la obra como sea, y en eso usan a la policía, por nuestra resistencia en el lugar, ya que, como dije, la justicia no responde", dijo a este medio una de las asambleístas de Punilla.

Sobre el Hábeas Corpus, las asambleas expresaron que se trata de "la primera respuesta de la Justicia de Córdoba a las demandas planteadas por la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales". Y esa respuesta no es casual, sino que surge de las protestas que realizaron en Tribunales por el "cajoneo" de causas ambientales en la provincia.

"En primer lugar, esta resolución señala el estatuto legal de las y los defensores ambientales y el deber del Estado de protegerlos. Reconoce la urgencia y gravedad de la situación vivida en los territorios en un marco general de crisis ambiental, avanzada de la destrucción de los bienes comunes y el recrudecimiento de la violencia institucional", explicaron.

"Consideramos una respuesta saludable por parte de uno de los poderes del Estado en materia medio ambiental, dejando un antecedente más que interesante de acogimiento a toda una serie de normativa Nacional e Internacional que va en procura de proteger a los hombres y mujeres que se predestinan a proteger los bienes comunes que nos permiten el acceso a la Salud, a la Vida y al Derecho al Ambiente Sano", agregaron.

A la vez, los y las asambleístas reclamaron que también el Estado debe hacer lugar a todos los reclamos ambientales porque Córdoba está atravesando "la peor situación medioambiental de la historia". Es decir que, no solo debe garantizarse la seguridad de los y las manifestantes, sino además agilizar las causas de manera urgente.