El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa se inscribieron en el Régimen Simplificado de Ganancias en medio de las investigaciones sobre sus bienes y movimientos patrimoniales. El mecanismo restringe las facultades de control tributario y llega mientras la Justicia y la Oficina Anticorrupción analizan posibles inconsistencias en su patrimonio.
Mientras crecen los interrogantes sobre el origen y la evolución de su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió adherirse junto a su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias (RGS), una herramienta impulsada por el Gobierno nacional que reduce las posibilidades de investigación tributaria sobre períodos fiscales no prescriptos.
La inscripción se produjo en momentos en que el funcionario enfrenta un fuerte escrutinio público por presuntas inconsistencias patrimoniales y mientras se aguarda la presentación de su declaración jurada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción. Según trascendió, la documentación incluiría una cuenta vinculada a criptomonedas, un dato que podría resultar clave para explicar parte de su patrimonio.
El Régimen Simplificado de Ganancias forma parte de las herramientas creadas en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Entre otros beneficios, el mecanismo limita la capacidad del fisco para revisar posibles irregularidades tributarias correspondientes a ejercicios anteriores y habilita la utilización de fondos no declarados para determinadas operaciones, como la compra de bienes.
Aunque la adhesión al régimen no exime a Adorni de cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Ética Pública ni impide el avance de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, la decisión despertó suspicacias debido al contexto en que fue adoptada.
La inscripción del funcionario se concretó este miércoles 10 de junio, mientras que la de su esposa había sido realizada la semana anterior. La coincidencia temporal con la inminente presentación de la declaración jurada alimentó las críticas de distintos sectores, que interpretan la maniobra como un intento de blindarse frente a eventuales cuestionamientos sobre su situación patrimonial.
Ante la repercusión pública, Adorni difundió una explicación a través de allegados en la que intentó diferenciar el Régimen Simplificado de Ganancias del proyecto de Inocencia Fiscal. Según sostuvo, se trata de instrumentos distintos y aseguró que la iniciativa oficial busca concentrar los recursos estatales en perseguir a los grandes evasores.
También explicó que el régimen simplificado consiste en una declaración jurada confeccionada de manera preliminar por ARCA, que luego es validada por el contribuyente. Sin embargo, evitó referirse a uno de los aspectos más cuestionados del sistema: la reducción de los controles fiscales sobre quienes adhieren al mecanismo.
«No vamos a entrar a ningún blanqueo», afirmó el jefe de Gabinete al intentar despegarse de las acusaciones. Técnicamente, el RGS no implica exteriorizar bienes no declarados, aunque constituye una condición necesaria para acceder a otros esquemas de regularización patrimonial contemplados por la normativa impulsada por el oficialismo.
El caso que involucra a Adorni comenzó a tomar relevancia pública en abril, cuando se conoció que incorporó a su esposa a la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos para participar de la Argentina Week. A partir de esa revelación surgieron nuevos cuestionamientos vinculados a viajes familiares, incluyendo un vuelo privado a Punta del Este, y a una serie de operaciones inmobiliarias cuya relación con los ingresos declarados quedó bajo observación.
Entre los bienes y movimientos que despertaron interés figuran compras y ventas de departamentos, una vivienda en un country y diversas refacciones que, según las denuncias, no tendrían una explicación patrimonial clara.
La situación generó incluso tensiones dentro del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente que el funcionario adelantara la presentación de su declaración jurada, una exigencia que terminó exponiendo diferencias en la cúpula libertaria. En aquel momento, el presidente Javier Milei salió en defensa de Adorni y aseguró que la documentación sería presentada de manera «inminente». Sin embargo, la presentación se concretó recién un mes después, en medio de versiones cruzadas y maniobras comunicacionales que alimentaron las dudas en lugar de despejarlas.
Ahora se abre una nueva etapa. La Oficina Anticorrupción deberá analizar la consistencia de la declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete, mientras que la Justicia continuará evaluando si existen elementos suficientes para avanzar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión final quedará en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá determinar si la documentación aportada alcanza para justificar el crecimiento patrimonial del funcionario o si corresponde exigir nuevas pruebas sobre el origen de los bienes y recursos de la familia Adorni.
