Comunidades indígenas: sus derechos son constantemente vulnerados

La situación de las comunidades indígenas en Formosa, principalmente las mujeres, representa un atropello sistemático a sus derechos humanos. Desde el inicio de la pandemia, la problemática se agudizó.

La situación de las comunidades indígenas en Formosa no es noticia de este año ni del anterior, sino que acarrea años de historia represiva y sin perspectiva sobre los derechos humanos. Desde hace 26 años, el gobierno de Gildo Insfrán es responsable de la vulneración que viven los pueblos originarios de la zona, quienes carecen de un acceso digno a la salud por ejemplo.

Formosa es tierra de comunidades originarias como los Qom, quienes vieron cómo la pandemia agudizó lo que ya vivían hace años: pobreza, falta de agua potable, represión, desalojos y violencia obstétrica en muchos casos.

Tanto en el NEA como en el NOA, poder acceder al agua potable es un reclamo desde hace años. Con la pandemia, la cuestión se vuelve más problemática, dado que las condiciones básicas de higiene no pueden ser resueltas por estas comunidades. El cese de las obras y la ausencia de otras alternativas dificulta la cotidianeidad de estos pueblos.

"La comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, reclama desde 2015 mejoras para el acceso al agua potable. En noviembre de 2020 se organizaron para exigir respuestas ante la falta de agua para lavarse las manos y preparar sus alimentos. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros. Para cumplir con las medidas de prevención del Covid", informaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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Políticas públicas que no aciertan

Con base en un informe desarrollado por instituciones de todo el país, cabe afirmar que las políticas públicas implementadas en esta pandemia no siempre son acertadas. Un ejemplo de ello es la restricción de la circulación en algunas rutas, lo cual incomunica a muchas comunidades originarias. De este modo, la posibilidad de acceder a alimentos o servicios de salud queda trunca.

En el caso de Tucumán, según informó CELS, "el gobierno abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse".

Otra cuestión central en términos de (no) accesibilidad es la falta de conectividad. Sin internet, ciertas ayudas económicas a las cuales solo se podía acceder online quedaron fuera del alcance de los formoseños originarios.

"En Formosa, las comunidades wichí de María Cristina y Santa Teresa reclamaron por un cajero móvil para el acceso a haberes, pensiones y otros programas de transferencia de ingresos. Sin respuesta, en enero realizaron una manifestación. La policía provincial reprimió el corte de ruta. Detuvo a 16 personas y luego las criminalizó bajo las figuras de resistencia a la autoridad y daños". 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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El acceso a la tierra tampoco es garantía

Durante el año pasado, distintas comunidades originarias han sido víctimas de desalojos en sus propias tierras. Este accionar claramente desatiende y es una violación a la normativa federal que suspendió los desalojos de comunidades indígenas. En el norte, hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe.

Un ejemplo de este atropello se dio en la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta. Tanto en julio como en septiembre del año pasado, se llevaron a cabo dos violentos desalojos en la zona. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir. Así, el cumplimiento de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas no es más que un anhelo.

Al pedido de los pueblos, respuesta represiva

Son incontables las veces que las fuerzas de seguridad han reprimido manifestaciones de pueblos originarios. Cortes de ruta y protestas por el acceso al agua potable y a servicios esenciales. O en contra de políticas públicas implementadas de manera inconsulta por sobre sus culturas y sus costumbres. La mayoría de ellas tienen el mismo desenlace: violencia estatal.

En muchos casos, la excusa de las fuerzas de seguridad da vueltas sobre supuestas faltas de cumplimiento de las medidas de aislamiento.

En Formosa, el 28 de octubre de 2020 la comunidad wichí de Pozo del Oso reclamó la liberación de dos de sus integrantes. Ambos habían sido acusados de intentar cruzar el límite interprovincial entre Formosa y Salta. La respuesta fue una violenta represión con balas de goma y el arresto de 20 integrantes de la comunidad. Esto fue bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad.

En la misma provincia, el 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez. Habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad.

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Mujeres indígenas violentadas en su derecho a ser madres

La situación de las mujeres indígenas de El Potrillo, Formosa, que fue difundida hace unos días, tampoco es cosa de la pandemia únicamente. En muchos canales de televisión, se vio cómo mujeres de pueblos originarios se escondían en el monte por miedo a que las separen por 14 días de sus bebés recién nacidos o por nacer.

Para muchos, un montaje más de los medios masivos de comunicación. Para esas mujeres, la realidad que se vive hace años en la zona. "El miedo a la internación en algún hospital de la provincia de Formosa responde a experiencias oscuras de maltrato y de violación a los derechos humanos", explica ANRed.

Así, nos encontramos con denuncias de violencia obstétrica y de falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres de las comunidades. En muchos casos, estos reclamos tienen que ver con sistemas de salud pública que no brindan una atención médica adecuada a las creencias y la cultura de estas poblaciones. Todo esto es sin contar a los centros de salud de territorios originarios que no tienen los recursos ni los insumos suficientes.

Es necesario que estos atropellos no queden en un noticiero del mediodía o en una charla de pasada. La vulneración de derechos humanos hacia estas comunidades viene desde hace años, y el Estado es responsable.