El Gobernador Martín Llaryora aprobó una asistencia de 450 millones de pesos para gastos de funcionamientos de instituciones de discapacidad, que viven un ahogo presupuestario crítico dispuesto por el Gobierno Nacional.
El Gobierno de Córdoba, conducido por Martín Llaryora, dispuso una ayuda económica de 450 millones de pesos para paliar la crisis de instituciones dedicadas a la discapacidad.
Ante la falta de pago de programas nacionales, y el incumplimiento con la totalidad de lo establecido en la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte de la gestión libertaria, la Provincia decidió extender esos fondos, que irán a cubrir gastos ordinarios de funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios al sector.
Retroceso: un fondo creado para nuevos proyectos tiene que utilizarse para sostener al sector
El gobernador, junto con la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió el pasado miércoles 15 de abril en el Centro Cívico a instituciones cordobesas con eje en discapacidad. Llaryora afirmó en dicha reunión que «frente a la crisis profunda en la que están inmersas estas instituciones, la Provincia fortalecerá la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad«.
“Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis”, explicó.
Llaryora enfatizó que la crisis del sector de discapacidad se debe al incumplimiento del Gobierno Nacional con la Ley de Emergencia en Discapacidad y la falta de los pagos nacionales comprometidos (lo que también generó una crisis de financiación en PAMI).
Las y los representantes de las instituciones reunidas compartieron el análisis respecto a que la crisis está directamente vinculada a la deuda nacional para con el sector y el incumplimiento de la Ley. El Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, son algunas de las instituciones más afectadas: tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir los aportes de PAMI y de Incluir Salud.
Esta ayuda permite la continuidad de los servicios, pero es el Gobierno Nacional el que debe actuar
Nicolás Herrera, representante de la Fundación Avenir, declaró sobre el apoyo económico provincial: “Este anuncio es fundamental; marca la diferencia entre poder continuar brindando estos servicios o vernos obligados a interrumpirlos”.
Marcela Rosales, gerente de la Fundación IRAM, expresó su opinión sobre el encuentro con el Gobernador y la Secretaria: “Valoramos el espacio de encuentro porque pudimos reflexionar juntos y entender que la Provincia no puede hacerse cargo de todo”.
Por su parte, Martín Passini, de Apadim, sostuvo que los anuncios son una valiosa ayuda de emergencia «para paliar esta situación momentáneamente, sabiendo que no puede reemplazar las responsabilidades del Gobierno nacional«.
