Los recortes del gobierno nacional se agudizan en la obra social de jubilados, mientras reducen a la mitad el pago a profesionales.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) se encuentra en un proceso agudo de desfinanciación desde la gestión de Javier Milei. Entre otros factores que agravaron la situación económica de esta obra social, se encuentra la caída del Impuesto País, que significaba el 28% de sus ingresos.
Millones de jubilados de todo el país dependen de las prestaciones de esta obra social, que acumula una deuda con prestadores de 500 mil millones de pesos.
A esta situación crítica se suma la decisión del Gobierno Nacional de reducir casi en un 50% el pago por cada prestación. Así se definió mediante la Resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos retroactivamente al 1° de abril y sin consulta previa con profesionales.
Hasta antes de la resolución, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto: un monto fijo por cápita, según la cantidad de afiliados asignados, al que se sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.
Con la nueva resolución, el esquema mixto se reemplaza por un sistema exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2.100 mensuales, pero eliminó todos los ítems extra.
Desde las autoridades de PAMI defienden la modificación como una simplificación administrativa; pero los profesionales entienden que la medida redunda en un recorte, porque el sueldo pasa a ser fijo sin importar la cantidad de pacientes que se atiendan, y los montos a cobrar son insostenibles: los médicos de cabecera pasarían a cobrar $1.400 por consulta, y en el caso de los odontólogos, la aún más absurda suma de $374.
Atilio Rossi, delegado provincial de APPAMIA (Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines), remarcó en el medio La Nación la importancia clave de los médicos de cabecera: “El paciente tiene acceso directo al profesional, puede consultarlo en cualquier momento, incluso fuera del horario habitual. No hay sábados, domingos ni feriados. Y en situaciones críticas, como un fallecimiento, somos los responsables de intervenir porque conocemos al paciente”, remarcó.
En esa línea, el ajuste descargado sobre los honorarios de los profesionales complica una tarea infravalorada pero absolutamente vital para las personas de la tercera edad.
Ante este escenario los profesionales nucleados en APPAMIA decidieron tomar medidas de fuerza: un paro de 72 horas a nivel nacional, que comienza este lunes 13 de abril y culmina el miércoles 15.
Desde la asociación consideran que sería necesario un pago de por lo menos $6.500 pesos por paciente como «piso necesario para sostener la atención médica”.
El paro significa la suspensión de la atención de PAMI. Los afiliados podrán recurrir, solamente, a los servicios de guardia “según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente”.
Similares condiciones de crisis viven, entre otros sectores, las personas con discapacidad y los prestadores de servicios, que marcharán este martes 14 de abril al Ministerio de Economía para exigirle al Ministro Luis Caputo que garantice el efectivo cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
