Defendamos Córdoba presentó el amparo ante el juez Federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja. El Gobierno Nacional aún no restablece los pagos a prestadores y la situación es insostenible.
La organización Defendamos Córdoba presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal N° 3, cuyo titular es el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad y restablezca los pagos a prestadores de salud y otros servicios.
La medida fue presentada el pasado jueves, dirigida contra el programa de Nación «Incluir Salud», que da cobertura a personas discapacitadas.
El patrocinio del amparo lo brindó la abogada Marta Lastra. Mamá de un hijo con discapacidad y uno de los rostros más visibles en la lucha del colectivo por recuperar sus derechos, Lastra se especializa en Derecho de la Salud y Derecho de las personas con discapacidad.
El texto del amparo solicita que se restablezca de inmediato la cadena de pagos a prestadores mediante la disposición de una medida cautelar urgente.
El Gobierno Nacional no cumple con la Ley y el sector se vacía con renuncias y cierres
A pesar de que la Justicia determinó que es inválida la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la gestión de Javier Milei hace caso omiso.
Los pagos a prestadores de servicios no se hacen efectivos desde diciembre del 2025. A marzo 2026, esto significa meses de atraso, un deterioro del derecho a la salud de las personas discapacitadas y una acción contra las y los trabajadores que no reciben un salario digno.
El amparo colectivo cita el comunicado de Federación Converger, Capredis, ATI y Mesa de Trabajo en Discapacidad, donde se alerta que “la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el país; si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza”.
«Cuando el sistema que debería garantizar la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones y el trabajo de miles de profesionales: se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas y sus familias”, concluye el comunicado.
Según la magistrada Lastra, el corte en la cadena de pagos tiene efectos concretos: “el cierre de múltiples espacios y prestadores que brindaban atención al colectivo de discapacidad, dejando el sistema virtualmente desmantelado. Varios de ellos ya han comunicado su cese de actividades de manera formal”.
La situación del sector es insostenible y desgastante: el año pasado estuvo signado por el recorte de pensiones no contributivas, escándalo de corrupción en ANDIS, desfinanciamiento, exabruptos discriminadores de funcionarios y brutal represión en la calle, escenario que a pesar de la Ley, continúa hoy.
