Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron un amparo contra las restricciones impuestas por el oficialismo a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Denuncian que el esquema excluye a miles de inscriptos y limita el derecho a la participación ciudadana.
Organizaciones sociales, ambientales y espacios afines presentaron una acción de amparo colectiva para frenar las restricciones impuestas por el oficialismo a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. La medida llega luego de que diputados de La Libertad Avanza confirmaran que el proceso participativo se concentrará en apenas dos jornadas, pese a contar con más de 50 mil personas inscriptas.
La audiencia, que se desarrollará en el ámbito de la Cámara de Diputados, fue reglamentada mediante una resolución firmada el 12 de marzo por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz. Allí se estableció que el debate se realizará los días 25 y 26 de marzo, con participación limitada a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país.
El esquema definido deja afuera a la enorme mayoría de quienes se anotaron para intervenir. Además, introduce otras restricciones: solo la primera jornada será presencial, mientras que la segunda se realizará de manera virtual, con exposiciones de apenas cinco minutos. Para el resto de los participantes, la única vía prevista es el envío de intervenciones a través del canal de YouTube de Diputados.
Frente a este escenario, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Naturaleza de Derechos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas impulsaron el amparo para frenar lo que consideran una “restricción arbitraria” al derecho a la participación en un debate clave sobre las reservas estratégicas de agua dulce.
En la presentación judicial, las organizaciones solicitan una medida cautelar que suspenda la aplicación de la resolución y exigen que el Congreso se abstenga de realizar la audiencia bajo un formato que califican como “censurador y excluyente”. También reclaman una readecuación urgente del cronograma parlamentario para garantizar tantas jornadas como sean necesarias para que todas las personas inscriptas puedan exponer.
Desde el oficialismo justificaron la limitación al señalar que la magnitud de inscriptos vuelve inviable la participación total en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento legislativo. Sin embargo, para los espacios demandantes, ese argumento encubre la intención de acelerar el tratamiento de la reforma, cumpliendo apenas con los requisitos formales del proceso.
El amparo pone el foco en el carácter excepcional de la convocatoria: más de 50 mil personas se inscribieron para participar, marcando un récord en este tipo de instancias. Para las organizaciones, lejos de ser un problema operativo, esa masividad expresa un alto nivel de involucramiento ciudadano. “No es una anomalía, sino la demostración de una democracia deliberativa vibrante”, sostienen.
En esa línea, plantean que la respuesta institucional no debería ser la exclusión, sino la ampliación de los canales de participación. “La única salida compatible con la Constitución es ensanchar la agenda pública y garantizar el derecho a la palabra”, remarcan en el escrito.
El trasfondo del conflicto es la reforma de la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. La norma vigente considera estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan dañarlos.
El proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado propone modificar ese esquema para habilitar actividades productivas, como la minería y la explotación hidrocarburífera, en determinadas zonas glaciares. En particular, plantea permitir intervenciones en aquellos glaciares que no sean considerados “hídricamente relevantes”.
La iniciativa impactaría especialmente en provincias con fuerte potencial extractivo como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, y facilitaría el avance de proyectos mineros de escala internacional.
La acción judicial fue presentada en los fueros federales de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, pero al tratarse de un amparo colectivo busca incorporar presentaciones similares en todo el país, en representación de las miles de personas que quedaron excluidas del proceso participativo.
