Hablamos con la Fundación Vía Libre sobre qué dice la reforma a la Policía Federal respecto al ciberpatrullaje y los peligros de una deriva autoritaria.
Por Anouk Rubini
Recientemente se anunció la reforma de la Policía Federal a través del DNU 383/2025. Las nuevas disposiciones preocupan a organismos de DDHH, ya que afectan gravemente derechos constitucionales.
El estatuto otorga atribuciones extraordinarias a la Policía Federal en tareas de investigación y prevención. Fue publicado en el Boletín Oficial. Entre los aspectos más preocupantes de la deriva autoritaria del Gobierno Nacional, la fuerza de seguridad podrá realizar ciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones sin orden judicial.
El decreto 383/2025 establece que a partir de ahora la misión principal de la Policía Federal será “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”. Bajo este paraguas ambiguo, habilita persecución a las disidencias políticas y la criminalización de la protesta social.
Los aspectos clave de la reforma a la Policía Federal incluyen:
- Ciberpatrullaje en las redes sociales “sin necesidad de autorización judicial”.
- Requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia.
- Prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal en el marco de políticas determinadas por el Ministerio de Seguridad.
- Modificación de los escalafones y reducción progresiva del cargo de suboficiales.
- Actuación en el mantenimiento del orden público y la seguridad “de manera espontánea” ante delitos flagrantes “a requerimiento del Ministerio de Seguridad”.
Ciberpatrullaje: una de las claves de la reforma a la Policía Federal
El DNU 383/2025 incluye aspectos que exceden las facultades del Poder Ejecutivo, le otorgan a las fuerzas mayor independencia del control del Poder Judicial y violan derechos constitucionales como la libertad de expresión y de circulación.
Uno de los puntos más llamativos de la reforma es el referido al ciberpatrullaje, que autoriza a la Policía Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.
Desde El Resaltador, conversamos con Margarita Trovato, abogada de la Fundación Vía Libre, ONG especializada en la defensa de los Derechos Humanos en entornos digitales.
«Lo que hace el DNU es regular por decreto, y esta es la novedad, la posibilidad de las fuerzas de seguridad de hacer inteligencia de fuentes abiertas, lo que se conoce en inglés por sus siglas como OSINT: el patrullaje o la vigilancia, el escaneo masivo de redes sociales abiertas«, explica Trovato.
La abogada afirma que este ciberpatrullaje «no tiene la posibilidad de hackear o de entrar en redes privadas, sino que lo hace sobre información pública disponible, pero sí de una forma sistemática, escanea, monitorea lo que allí sucede».
Este escaneo masivo se presenta como prevención del delito y se asimila legalmente a la labor de un policía en la calle, por lo que se vuelve innecesaria la orden judicial.
Antecedentes en ciberpatrullaje
En el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el joven Nicolás Lucero tuiteó en sus redes un fragmento de canción de cancha: “Macri te vamos a matar no te va a salvar ni la Federal”. Fue demorado por la Policía, en 2017 le iniciaron una causa por los delitos de amenazas e intimidación pública, y luego el expediente se cerró en 2018 cuando se demostró su inocencia.
Trovato explicó que, años más tarde y bajo el gobierno de Alberto Fernández, hubo un primer protocolo que intentó sistematizar y regular el ciberpatrullaje. La magistrada destacó que esta práctica «no es un concepto jurídico en sí mismo, pero con el uso se fue asentando y ya aparece formalmente en decretos y resoluciones», aunque continúa siendo una figura sui generis.
En mayo y julio de 2024 Trovato recordó dos resoluciones formales bajo el período de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad de la Nación, que establecían la posibilidad de que las fuerzas de seguridad realizaran tareas de ciberpatrullaje incorporando el uso de IA (Inteligencia Artificial).
«Fue la Resolución 710/2024, que implementaba la unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad (…) No da ninguna precisión, no sabemos qué software era, no sabemos cómo se iba a usar, cómo se iba a evitar, cómo se iba a controlar, etcétera, pero lo traigo porque un poco es el precedente a este decreto y creo que hay que analizarlos en conjunto», reflexionó la abogada de Vía Libre.
Los peligros del ciberpatrullaje
La reforma de la Policía Federal que propone el DNU actual, bajo la gestión de Javier Milei, lleva un paso más allá estos intentos previos: «vale más que una resolución y deja habilitado el escaneo de redes sociales abiertas sin ningún control judicial posterior, ni orden previa, sin ninguna hipótesis delictiva puntual, sino simplemente a criterio de las fuerzas de seguridad de lo que necesiten vigilar», explica Trovato.
En esa misma línea, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) señaló cómo esta ambigüedad de dejar el ciberpatrullaje a criterio de la Policía Federal en efecto le da facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y lo vuelve más independiente del control del Poder Judicial.
La magistrada Trovato ahondó en los peligros del ciberpatrullaje y de la incorporación de IA en estas tareas: «Por supuesto que es peligrosa la idea de poder vigilar redes abiertas de forma masiva y sistemática sin ningún control judicial, sin ninguna hipótesis judicial previa. No es que están buscando a X personas, sino que es un monitoreo general de la situación, que empeora todavía más si pensamos en la masividad, la sistematicidad y la velocidad que permite la inteligencia artificial«.
Accionar policial fuera de la Ley de Inteligencia
La abogada puntualizó respecto a la falta de claridad del DNU, dejando la vigilancia a criterio de la Policía Federal «bajo parámetros que tienen que ver con la idea de orden que proponen las fuerzas de seguridad y la dirigencia política del ministerio, que no la sabemos».
Según la Fundación Vía Libre, el ciberpatrullaje debería encuadrarse como inteligencia criminal, porque no es una investigación en función de una hipótesis donde están individualizadas personas y se busca información sobre un delito concreto, sino tareas generales de vigilancia.
Además, el mayor problema con el encuadre de la reforma es que deja fuera a la actuación de la Policía Federal de las garantías y previsiones de la Ley de Inteligencia.
En adición a este aspecto, Trovato menciona otros cambios introducidos en la reforma que empeoran el panorama.
Por un lado, el nuevo DNU excluye de su texto una protección que sí tenían las resoluciones previas, que prohibía hacer ciberpatrullaje sobre información relativa a niños, niñas y adolescentes así como sobre datos sensibles.
Por el otro, uno de sus incisos referente al acceso a bases de datos públicas y privadas carece de suficiente explicitación, dejando abierta la puerta a que, de forma extrajudicial, la Policía Federal acceda a bases de datos privadas.
«No hay un marco fuerte sobre qué puede o no puede hacer el Estado con esos datos»
Trovato plantea la complicación que añade la Ley de Protección de los datos personales en Argentina, sancionada en el año 2000: «es muy vieja, está muy desactualizada y no es clara en las previsiones tampoco. Entonces, tener normas como el decreto, que habiliten recolección masiva de datos, es todavía más peligroso cuando no hay un marco fuerte sobre qué puede y qué no puede hacer el Estado en teoría con esos datos«.
Es importante destacar además, que mientras la gestión de Milei ajusta el presupuesto destinado a salud, educación y jubilaciones, aumentó el presupuesto destinado a tareas de Inteligencia en un 37% respecto a 2023.
En este sentido, el CELS añade: «Todas estas modificaciones se vuelven más graves en un momento en el que observamos indicios de procesos de politización del aparato de seguridad y que se suman al contenido de un Plan Nacional de Inteligencia de la SIDE, que amplía el secreto y el espionaje a periodistas y opositores».
En suma, el rumbo que ha decidido tomar el Gobierno Nacional en lo económico recrudece la pobreza de los ciudadanos y, bajo el pretexto de la seguridad, abre la puerta a la represión, vigilancia y control sobre quienes se oponen al régimen y se atreven a manifestarse por el deterioro en sus condiciones de vida.
