El nuevo estatuto de la Policía Federal, impulsado por Bullrich, le otorga poder para detener, allanar y espiar sin orden judicial. Correpi advierte que se consolida un modelo represivo y autoritario.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) lanzó un fuerte comunicado en respuesta a la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, firmada por Patricia Bullrich y oficializada como anexo del Decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA).
Lejos de ser una simple reestructuración administrativa, la medida representa (según la organización antirrepresiva) un paso más en la consolidación de un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente y el vaciamiento de garantías democráticas.
La reforma redefine profundamente la misión de la Policía Federal: ya no se trata de una fuerza de seguridad y judicial dentro de la jurisdicción nacional dedicada a la protección de bienes y personas, sino de un engranaje central en la maquinaria de “protección de la Seguridad Nacional”.
Este cambio no es solo semántico. Habilita a la PFA a actuar de manera “espontánea” frente a delitos flagrantes o cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo, independientemente de la intervención judicial.
La democracia, allanada por decreto
Correpi advierte que esta nueva definición le otorga a la fuerza amplísimas facultades: puede detener, allanar, requisar personas y vehículos, desplegar tareas de espionaje e incluso “esgrimir ostensiblemente sus armas”, todo sin necesidad de una orden judicial previa.
Además, se le permite realizar inteligencia criminal por fuera del marco normativo que establece la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Es decir, se institucionaliza una lógica donde la Policía decide qué investigar, qué pruebas recolectar, contra quién y cuándo, para luego dar pie a causas judiciales.
“La Policía deja de ser una herramienta del Poder Judicial para transformarse en actor autónomo con iniciativa propia”, alerta Correpi, subrayando la gravedad de un esquema que erosiona la división de poderes y concentra atribuciones discrecionales en la fuerza.
El comunicado también denuncia la expansión del ciberpatrullaje sin control judicial y la autorización para requisas personales en la vía pública o espacios de acceso público sin necesidad de orden judicial. Un simple control de circulación podría ahora transformarse en una excusa para revisar pertenencias y vehículos a discreción, sin ninguna instancia de supervisión.
Correpi enmarca esta medida dentro de un proceso más amplio, que describe como un “cambio de régimen”. En sus palabras, el gobierno de La Libertad Avanza está desmontando sistemáticamente libertades democráticas, derechos históricos y garantías constitucionales. Como consecuencia directa, alertan, ya se observa un incremento alarmante en los casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y represión a la protesta social.
Con este decreto, el Gobierno no solo refuerza el poder policial: lo blinda, lo libera de controles y lo convierte en ejecutor directo de una política de seguridad que, lejos de proteger a la ciudadanía, la vigila, la sospecha y la reprime.
