Vence el DNU que prohíbe los desalojos, y el Estado no responde
A partir de este jueves no estará vigente el decreto 320/20. Ahora, se habré un panorama con deudas y búsqueda de nuevos alquileres en tiempos de pandemia. Por Emi Urouro La iniciativa establecía la prórroga automática de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento del precio de los alquileres. Fue una respuesta inmediata […]
Por Emilia Urouro | 03/31/2021
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A partir de este jueves no estará vigente el decreto 320/20. Ahora, se habré un panorama con deudas y búsqueda de nuevos alquileres en tiempos de pandemia.
Por Emi Urouro
La iniciativa establecía la prórroga automática de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento del precio de los alquileres. Fue una respuesta inmediata y acertada del Gobierno en el marco de la crisis social, económica y sanitaria que atraviesa el país, no darle continuidad afectará a los más vulnerados de la sociedad.
Para hablar del tema, El Resaltador se comunicó con Evangelina Dellarossa, Secretaria de la Asociación Inquilinos Córdoba, quien explicó que el DNU lo que prohibía era el lanzamiento de las familias inquilinas, no así a iniciar los procesos judiciales, lo que lleva a concluir que a partir de mañana pueden comenzar los lanzamientos.
La entrevistada advirtió que más del 40% de las y los inquilinos del país generó deuda a lo largo de la pandemia, sector que no puede enfrentar el pago de esa deuda sumado al pago de los nuevos pagos a partir de abril:
"La forma de pago en la última extensión del DNU, 12 cuotas como máximo, hace que las y los inquilinos deban abonar el equivalente a 2 cánones locativos durante un año, cuando el 64% de los inquilinos del país disminuyó sus ingresos, si es que directamente no se quedaron sin ingreso alguno"
Evangelina Dellarossa, Secretaria de la Asociación Inquilinos Córdoba.
Un dato no menor, es que el vencimiento de este decreto implica el inicio de traslados y mudanzas, en un contexto de pandemia donde los casos diarios comienzan a incrementar. En esa línea, la entrevistada comentó que la sociedad, ante la inminente segunda ola, se encontrará con los mismos inconvenientes y limitaciones del año 2020: Prohibición de mudanzas por cuarentena pero sin DNU que proteja de forma alguna a cerca de 9 millones de inquilinos e inquilinas del país.
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Recordemos que el 2 de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, resaltó que no habrá posibilidad de desalojos sin mediación.
En esa oportunidad señaló que “lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos”.
"En cuanto a los dichos del ministro hacen referencia a un artículo del DNU que sólo aplicaría a CABA y provincia de Buenos Aires e 'invita' al resto de provincias a adherir, lo que significa que no es obligatoria esa mediación. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, es a opción del locador/propietario pasar por esa instancia de mediación previa, el inquilino no puede hacer el pedido, y al ser materia de legislación provincial, Nación sólo puede invitar a adherir"
Evangelina Dellarossa, Secretaria de la Asociación Inquilinos Córdoba.
Dellarossa agregó que en muchas provincias no existe una Ley de Mediación, por ende, tampoco existen mediadores, es decir, personas que no necesariamente sean abogados/as, pero que tengan una formación especifica en mediación. Y en este caso, el DNU solo invita a adherir a las provincias a que esa mediación sea obligatoria.
Respecto a la inscripción en AFIP de los contratos, que se reglamentó en marzo de 2021, la entrevistada explicó que los contratos que tienen obligación de ser registrados son los que se suscribieron a partir del 1ero de julio de 2020, no los contratos anteriores.
Es decir, ese argumento del ministro para traer calma no se sostiene, porque, como aclaró la entrevistada, los contratos de alquiler que mayores inconvenientes tienen y van a tener en relación a los desalojos y ejecuciones a las deudas, son los anteriores al 1ero de julio del año pasado porque no hay registros de los mismos en la AFIP.
En relación al punto anterior, señaló que son aquellos inquilinos e inquilinas que hicieron uso del DNU para prorrogar sus contratos, y acumularon deuda, son quienes están en una situación más crítica. Además, la sanción para quienes no registren contratos es muy leve, una simple multa, es decir, solo deben inscribirse en el registro, pagar el monto y luego se puede proceder al desalojo del inquilino.
A nivel provincial, desde la Asociación Inquilinos Córdoba insisten en poder establecer dialogo con el ministro y el Gobierno, para exponer la real situación posterior al vencimiento del decreto, pero al día de hoy no tienen respuesta a todas las solicitudes y a todas las notas que han enviado a fin de poder sentarse a dialogar con las autoridades correspondientes.
"Nos parece fundamental que puedan escuchar a quienes representamos a un sector que abarca en provincia de Córdoba al 30% (...)Queremos que se comprenda la situación de angustia tremenda que están viviendo un montón de personas, frente a un hecho que culmina hoy"
Evangelina Dellarossa, Secretaria de la Asociación Inquilinos Córdoba.
“El 35,7% de los inquilinos en el país tiene una deuda de alquiler con el propietario, en la mayor parte de los casos en el orden de tres meses impagos, lo que los ubica ante una situación de inminente desalojo”, dijo a elDiarioAR Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de la organización de Inquilinos Agrupados, en mediados de marzo.
Al dato anterior, agregó que en 300.000 hogares en alquiler (el 70% con una jefatura de familia femenina) sus habitantes contrajeron en los últimos cinco meses algún tipo de deuda (impuestos, tarjetas de crédito o préstamos personales tomados a altas tasas de interés).
Mañana no habrá más decreto que proteja a quienes alquilan su vivienda, lamentablemente, desde las asociaciones de inquilinos e inquilinas no tiene respuestas por parte del Estado a todos sus reclamos. En esa línea, Dellarossa insiste a quienes estén en situación compleja que intenten llevar adelante mediaciones para poder acordar plazos de pago de deuda.
