El sumario de Gendarmería revictimiza al fotoperiodista, señala al ataque del cabo Guerrero como un «hecho fortuito» y va en contra de la evidencia.
Un informe de Gendarmería, realizado en tiempo récord de 24 horas, culpa al propio Pablo Grillo por recibir el disparo que casi le cuesta la vida a manos del cabo Héctor Guerrero, en la manifestación por los jubilados en CABA del 12 de marzo.
El informe exprés y a cuatro meses del hecho deslinda de toda responsabilidad al cabo Guerrero, a pesar de la abundante evidencia en fotos y vídeos que demuestran el accionar del agente, violando todos los protocolos de uso de armas no letales.
El sumario pretende dar por cerrada la discusión y dejar impune y libre a un gendarme que casi asesina a un manifestante (a quien, aunque no logró matarlo, le cambió la vida y que sigue necesitando rehabilitación hasta el día de hoy) y acusa insólitamente al propio Pablo Grillo de «ubicarse en la línea de tiro».
Qué dice el informe de Gendarmería
«El Cabo Primero (Héctor) Guerrero actuó del mismo modo que sus camaradas, conforme lo determinan las órdenes y directivas vigentes, entendiendo que el efectivo en ningún momento pretendió dañar a persona alguna haciendo uso del arma no-letal, sino que se trató de un hecho fortuito, la mala o cuasi nula visibilidad reinante y también en parte del riesgo que el fotógrafo asumió al colocarse a sabiendas en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes, por lo que el Suboficial subalterno no resulta pasible de reproche disciplinario alguno», estableció el sumario administrativo, contra toda la evidencia fotográfica, en video y de testigos oculares de la situación.
El informe de Gendarmería concluyó que ni él ni sus superiores merecen «reproche alguno desde el punto de vista disciplinario». Mientras tanto, se desprende del informe que el cabo Guerrero sigue en funciones, aunque no se sabe cuáles desempeña actualmente.
La causa está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. La querella de la familia -representada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la LADH (Liga Argentina por los Derechos Humanos)- solicita que Guerrero sea llamado a declarar por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, aún no fue llamado.
El 19 de junio, el juzgado dispuso el allanamiento que secuestró el arma utilizada con la que el cabo Guerrero le disparó a Grillo en la cabeza, diez cartuchos idénticos a los utilizados y la información administrativa elaborada con posterioridad a los hechos.
La reconstrucción de los hechos, que aún no tiene fecha fijada, se realizará con la misma arma utilizada por Guerrero. El peritaje estará a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La querella tendrá su perito. Aparentemente la jueza Servini avanzaría con llamados a indagatoria luego de contar con ese material.
Así se construye la impunidad
Luego del disparo a Pablo Grillo, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich no paró de inventar versiones de los hechos ante la opinión pública para justificar lo sucedido: primero, intentó instalar que Grillo era un militante kirchnerista (como si eso validara que le dispararan a la cabeza) y que se encontraba preso (estaba hospitalizado). Luego, a medida que se conocieron más datos sobre lo sucedido, cambió el relato e insistió con que el cabo Guerrero había disparado de manera correcta, con un ángulo de 45 grados, como indican «los manuales», y que el proyectil habría rebotado e impactado accidentalmente en la cabeza de Grillo (hecho falso en la reconstrucción de la trayectoria, en donde se ve que el disparo fue realizado de manera horizontal y a la cabeza).
Este informe de Gendarmería sobre el caso de Pablo Grillo sostiene el relato de Bullrich de que no hubo ningún error por parte de las fuerzas, a lo sumo un «hecho fortuito», como le llamaron.
La periodista Irina Hauser sostuvo en Página12: «No es una investigación destinada a esclarecer lo sucedido ni establecer responsabilidades reales». Se trata, retomando las palabras de la querella, de un trámite formal «diseñado para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes».
En el informe de Gendarmería, el gendarme Guerrero incluso afirma no haberse enterado del disparo a Pablo Grillo que él mismo efectuó hasta verlo en medios de comunicación, «circunstancia que no alcanzo a entender, ya que todos mis disparos fueron hacia el suelo, conforme la instrucción recibida», dijo el cabo.
Como el informe no puede negar el disparo efectivamente recibido por Grillo, habla de que la granada lanzada tuvo «dos rebotes previos en la cinta asfáltica luego de haber abandonado el cañón del lanzador», hipótesis ya desmentida en la reconstrucción de los hechos en donde se ve claramente la trayectoria directa a la cabeza del fotorreportero.
No obstante Gendarmería opta por culpar a Grillo de estar agachado para tomar fotos, de una supuesta baja visibilidad producto del humo de la quema de contenedores, de los manifestantes arrojando piedras (a pesar de una distancia entre ellos y los efectivos de aprox. 50 metros), y establece que es creíble que Guerrero no haya visto al fotógrafo al disparar.
A pesar de las declaraciones del informe, las propias imágenes aportadas por Gendarmería muestran un comportamiento sistemático del Cabo Guerrero a lo largo de toda la manifestación, disparando en múltiples ocasiones de manera horizontal y contra todo protocolo de uso. Incluso en una de esas filmaciones se ve a otro gendarme felicitando con una palmada en la espalda a Guerrero luego de efectuar uno de los disparos.
Las reglas de uso de pistolas lanzagases que también entregó Gendarmería son contundentes: «Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte», instruye. «Para una alternativa de este tipo –sigue– resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y el propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho. Si se emplea el cartucho de corto alcance, la peligrosidad también existe, no ya por la potencia del disparo sino por el excesivo calor que genera la combustión de la carga disparada, la velocidad que ésta lleva y las partículas incendiadas que se desprenden, capaces de ocasionar quemaduras de gravedad».
«Esta investigación interna es hasta el momento el único ámbito en el que se lo escuchó a Guerrero, un ámbito cuidado y seguro para él, sin control, en el marco de una supuesta investigación sin profundidad y en el que no se le juega nada», explicó a Página 12 Agustina Lloret, Coordinadora de Litigio y defensa legal del CELS. «Puede instalar su narrativa, acompañada por la de sus colegas de la fuerza, afirmando cosas que no tienen correlato con la prueba, inclusive con la prueba remitida por la propia gendarmería, como los manuales y protocolos –advierte– que dicen que el disparo que hizo estaba prohibido».
