Por el ajuste en el sector de discapacidad, ocasionada por la falta de pago y la actualización insuficiente de aranceles impuesta por el Gobierno Nacional para con las instituciones y prestadores de servicios, se produjo un éxodo masivo de transportistas que abandonaron el rubro ante la falta de rentabilidad y la necesidad de sobrevivir.
En el día de hoy, viernes 29 de mayo, transportistas del sector de discapacidad de Córdoba realizaron un cese voluntario de actividades por 24 horas, más una concentración y movilización con sus autos en el Parque Sarmiento. El motivo: denunciar la «crisis sin precedentes» que están viviendo, así descrita por el referente del Colectivo 3 de Diciembre, Leandro Ator.
Según datos de la Asociación Cordobesa de Transportistas al Servicio de las Personas con Discapacidad Colectivo 3 de Diciembre, que nuclea alrededor de 230 transportistas (75% de la totalidad de trabajadores activos), más del 30% de los prestadores de este servicio se fundieron y abandonaron el rubro por la falta de rentabilidad.
Quienes aún se dedican al trabajo de transporte para personas discapacitadas, que requieren el servicio de manera crónica y como parte del ejercicio de sus derechos a la salud y la educación, viven al día.
Según el Colectivo 3 de Diciembre, la crisis que atraviesan personas con discapacidad, sus familias, instituciones y prestadores de servicios en los últimos dos años es inédita: ‘La actividad se está cayendo a pedazos, esto nos afecta gravemente y sobre todo a las personas con discapacidad y sus familias», expresó Ator.
El presidente de la organización explica que el eje de la crisis es la combinación de aranceles desactualizados que no le ganan al costo de vida, el retraso en los pagos (en ocasiones, por más de tres meses), el aumento de la nafta y los costos de mantenimiento del vehículo.
Todos esos elementos redundan en un ingreso insuficiente que generó un abandono masivo del rubro, en tanto los conductores necesitan sobrevivir por otros medios.
El transporte no es un asunto menor, al contrario, es el puente de acceso de miles de personas con discapacidad al cumplimiento de sus derechos a la salud y la educación: a rehabilitación, a instituciones educativas, a una vida digna. Además de que haya profesionales dedicados, es fundamental poder llegar a ellos.
Gracias a esta situación de ajuste, ya hay personas con discapacidad que no consiguen transporte. A su vez, la crisis no acaba en este servicio: se recortaron Pensiones No Contributivas, Incluir Salud y PAMI están en números rojos con deudas millonarias y diversas instituciones tuvieron que cerrar sus puertas o reducir servicios.
Sin transporte no hay acceso a tratamientos y escuelas
En declaraciones al medio La Voz, Jorgelina Gauna, transportista y socia del Colectivo 3 de Diciembre, explicó la realidad que viven muchas de las personas a las que presta servicios.
Largas distancias, transporte público sin condiciones de accesibilidad o que directamente no llega a las locaciones donde vive la gente que lo necesita: «El traslado deja de ser solo algo logístico y pasa a ser una condición básica de accesibilidad«, argumentó.
Las y los transportistas resuelven estas dificultades y garantizan un servicio seguro, con las condiciones adecuadas para el traslado y las necesidades de cada persona en particular. Gauna comenta que este sistema de transporte «indispensable para garantizar derechos» hoy se mantiene por compromiso humano, no porque se pueda vivir del trabajo.
Es importante destacar que la crisis del sector de discapacidad no es una genuina falta de recursos: ha sido generada por decisiones políticas de una gestión a la que no le interesa el costo humano de la reducción del gasto público, a la par que beneficia a los más privilegiados.
Es por ello que desde el Colectivo 3 de Diciembre propusieron el lema «Basta de Crueldad», llamando por su nombre al ajuste y al abandono de persona, así como a la retirada del Estado del lugar de garante de derechos que le corresponde y es su obligación.
«A pesar de contar con la aprobación de la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional continúa sin ejecutarla, profundizando una crisis que pone en riesgo derechos básicos de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional no puede seguir incumpliendo la ley sin consecuencias«, agregaron desde la organización.
«La mayoría de los trabajadores debieron resentir el servicio y contrajeron deudas. La única esperanza es que el Estado cumpla con el fallo del juez Vaca Narvaja que obliga a regularizar los pagos», concluyó el presidente del Colectivo, Leandro Ator.
