La Policía de Santiago del Estero, en complicidad con el Poder Judicial, reprime y amedrenta a la comunidad Tonokoté, que resiste el desalojo de sus territorios.
Hace algunos días Felipe Suárez, integrante de la comunidad originaria Tonokoté de Punitayoj de Santiago del Estero, fue detenido mientras se encontraba junto a otras familias de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) resistiendo el desalojo de sus territorios.
A raíz de esta situación, ordenaron la captura de cuatro personas más debido a las denuncias penales que realizó Jorge Simón Karan, el empresario usurpador de las tierras, quien sistemáticamente viene amedrentando a las y los campesinos, mediante amenazas y denuncias constantes.
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Luego de los hechos, la comunidad convocó a una manifestación pacífica para pedir la liberación de Suárez. Una vez allí, la Policía de Santiago del Estero con el aval del Poder Judicial, llegó para reprimir. El comisario Roger Coronel llevó al referente nacional de la UTT Lucas Tedesco a una supuesta mediación y lo interceptó junto a otros policías, para golpearlo en el suelo y llevarlo detenido.
Según las autoridades de la comunidad originaria Tonokoté y de la UTT, el empresario Karan busca desalojar a los campesinos para la explotación de maderas de quebracho y carbón. Además, alambra y deja encerradas a familias enteras dentro del cerco. Si bien la Unión de Trabajadores de la Tierra ya ha realizado numerosas denuncias, aún la Justicia no actúa y cuando lo hace es en complicidad con los terratenientes.
Felipe Suárez se encuentra detenido actualmente en la subcomisaría de Bandera Bajada. La orden de detención fue dictada y ejecutada por el fiscal Miguel Torressi y la jueza de control y garantías, circunscripción Capital, Ana María Vittar. Los compañeros con orden de captura son Juan Ramón Ibañez, Ezequiel Suárez, Eulogia Godoy y David Daniel Godoy, delegado de la base de UTT. Por su parte, Lucas Tedesco fue trasladado a la Comisaría 14 de La Banda.
La comunidad, perteneciente al Consejo de Nación Tonokoté Llajtaymanta, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra, denuncian al fiscal y la jueza por la constante criminalización y persecución al campesinado a favor de los intereses de empresarios usurpadores. Asimismo, señalan la responsabilidad del Estado, quien debería velar por la integridad de las comunidades e integrantes de la organización.