Prisión e inhabilitación para funcionarios que tarden en tomar denuncias de violencia de género

Actualizado: 22 febrero, 2021

Una nueva iniciativa busca agravar las penas para el personal público que no cumpla con su función ante hechos de violencia.

Marcha y pedido de justicia por Úrsula – Córdoba. Foto: El Resaltador.

Una nueva iniciativa propone la modificación del artículo 249 del Código Penal para crear una agravante reprimida con pena de prisión e inhabilitación para lxs funcionarixs públicxs que no cumplan con su función ante una víctima de violencia de género que solicita ayuda.

El proyecto apunta ante situaciones en donde se demore la toma de denuncias, por ejemplo.

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La iniciativa fue presentada este jueves en el Senado por la legisladora Ana Almirón. La propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría de los integrantes del Frente de Todos.

La pena será de “un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo al funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare realizar algún acto de su oficio en relación a un hecho de violencia de género.”

El proyecto busca modificar también el artículo 239 del Código Penal, creando un agravante para casos en los que un agresor desobedezca una medida cautelar dictada por violencia de género. La pena sería de hasta cuatro años de prisión.

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Por último, se propone una pena de un mes a tres años de prisión más inhabilitación absoluta de dos a cuatro años para jueces o fiscales que “maliciosamente no atiendan en tiempo oportuno el pedido de Justicia y protección ante un hecho de violencia de género”.

Marcha y pedido de justicia por Úrsula – Córdoba. Foto: El Resaltador.

Fuente: Télam.

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