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¿Por qué la megaminería vulnera más de un derecho?

El debate sobre la minería en Catamarca usualmente gira en torno a la cuestión económica o ambiental. Con base en un informe de la ONG Bienaventurados los Pobres (Be Pe), podemos identificar otras aristas respecto al caso puntual del proyecto Tres Quebradas. En Catamarca, cerca de la localidad de Fiambalá, el proyecto minero Tres Quebradas […]

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El debate sobre la minería en Catamarca usualmente gira en torno a la cuestión económica o ambiental. Con base en un informe de la ONG Bienaventurados los Pobres (Be Pe), podemos identificar otras aristas respecto al caso puntual del proyecto Tres Quebradas.

Ilustración: Stefanía González

En Catamarca, cerca de la localidad de Fiambalá, el proyecto minero Tres Quebradas avanza pese al rechazo social que trae consigo. La clave para entender el descontento de la ciudadanía se puede sintetizar en tres palabras: vulneración de derechos. En un informe al respecto, la ONG Bienaventurados los Pobres (Be Pe) enumeró y caracterizó los derechos que se ven afectados por la actividad minera en nuestro país.

Derechos sobre el agua, sobre el ambiente y las tierras son algunas de las aristas a tener en cuenta sobre este tema. En este contexto, también se disputa el derecho a la libertad de expresión y a la información. El proyecto Tres Quebradas es más que concentración de riquezas en empresas extranjeras, es atropello a los derechos de la ciudadanía.

¿Derecho al agua? Escasea y podría estar contaminada

Fiambalá está rodeada de acuíferos, termas y ríos; pero el acceso y goce de sus aguas no es garantía para la ciudadanía. Entre las problemáticas que trae consigo la explotación minera en la zona, y que apunta el informe de la ONG BePe, se encuentra la "modificación irremediable de los reservorios de agua", así como también la "reducción de los depósitos por bombeo y evaporación de agua subterránea". Esto deriva en déficit hídrico, descenso del nivel de agua subterránea y "ruptura del ciclo del agua a nivel local y regional".

Cuando se modifican los ciclos de agua, consecuentemente se profundizan los procesos de salinización en los suelos de la zona. En pocas palabras, se acumulan altos niveles de sales y eso deriva en el deterioro del territorio. Paradójicamente, quienes advierten esto son las y los campesinos, que viven de la producción de dichas tierras.

Paralelamente, las empresas extranjeras a cargo de este proyecto (LIEX S.A y Neo Lithium Corp) ya cuentan con un Informe de Impacto Ambiental (IIA) aprobado para la etapa de exploración. Sobre esto, dos cuestiones alarmantes: por un lado, saber que en dicha etapa se realizan perforaciones y extracciones de agua. Por el otro, y en relación con lo anterior, no se ha realizado un estudio hidrogeomorfológico en la zona, el cual calcula la capacidad de recarga del acuífero. Entonces, se realizan perforaciones y extracciones sobre un cuerpo de agua que no se sabé cómo se recargará ni cuánto tardará en hacerlo.

Por el momento, no hay análisis en profundidad sobre la calidad del agua luego de realizar procesos extractivos de litio: ¿por qué será? Sin embargo, casos en el norte de Chile y en Asia reportan la contaminación de lagunas y la intoxicación de personas luego de estas prácticas.

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Proyecto Tres Quebradas visto desde arriba

¿El derecho a un ambiente sano dónde quedó?

Hagamos una pausa y pensemos en nuestra Constitución Nacional, más precisamente en su artículo 41. En él, se prioriza el derecho a un ambiente sano, cuyas actividades productivas no hipotequen el futuro de las próximas generaciones. Hasta ahí, todo muy ideal, pero bajemos a la tierra de nuevo y miremos el panorama que rodea a Fiambalá.

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

Artículo 41 - Constitución Nacional argentina

En torno al proyecto Tres Quebradas, existe un fenómeno de destrucción del ambiente, del paisaje y de los ecosistemas lindantes. Se reduce y se destruye el hábitat de flora y fauna silvestre, se afectan de manera permanente las zonas cordilleranas periglaciares y el paisaje visual de una zona de gran importancia turística llamada "los seismiles".

A los ejemplos me remito

Por dar algunos ejemplos, cabe mencionar que los humedales altoandinos son protegidos por el convenio RAMSAR, dado que son habitat de las parinas (especie protegidad) y regulan los ciclos de agua y de temperatura a escala global. Asimismo, el culto a la Pachamama y el consecuente cuidado de la naturaleza están muy presentes en la zona de Fiambalá. En ambos casos, el proyecto minero actúa con desconsideración sobre estas cuestiones, avanzando con sus actividades impunemente.

Respecto al cuidado del ambiente en esta zona, no debemos olvidar lo que menciona el informe de la ONG BePe. Entre las acciones desconsideradas que menciona, hace alusión a cómo se ignora el principio precautorio. Según Cepal, este principio estipula que "frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta".

Entonces, hasta no determinar la totalidad de los daños que este proyecto puede provocar, lo sensato sería aplicar el principio mencionado. Pero el tiempo es dinero, y acá parece que no se puede perder ni un minuto.

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Escasea la información, la transparencia y la consulta popular

Para la ciudadanía, no hay vela en este entierro. Porque el derecho a consulta pública que establece la Ley General de Ambiente 25.675 no existe en torno al proyecto Tres Quebradas. Se pueden mencionar algunas charlas informativas ciertamente superficiales, con las cuales la población catamarqueña no puede opinar, decidir o emitir juicios respecto a la globalidad de la iniciativa. En este plano, el Estado brilla por su ausencia.

Juegan la carta del "atraso económico" y se llevan puesta a la población

En esta historia tenemos a un pequeño grupo empresario, el cual cuenta con una estrategia comunicacional definida. Así, metiéndose en el imaginario colectivo, introducen las imágenes de pobreza y atraso económico, para así justificar un proyecto de este calibre. Con esto, las formas de vida rurales, campesinas y ancestrales quedan deslegitimadas.

En este mismo plano, podríamos mencionar a la libertad de expresión, otro derecho vulnerado que menciona el informe de BePe. Para quienes rechazan este tipo de proyectos, existe un estigma, una persecución y a veces hasta represión. Tanto en medios como en otros contextos, se los representa como precursores del atraso económico, ignorantes y creadores de revuelo entre la sociedad.

En síntesis, estamos ante otro caso en donde la vulneración de derechos es múltiple, desconsiderada y masiva. El pueblo catamarqueño tiene mucho para decir sobre lo que se está haciendo con sus recursos naturales y sus ecosistemas.

Carmela Laucirica

Periodista interesada por las problemáticas sociales y ambientales. También soy Community Manager. Lectora y escritora en mis ratos libres.
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