Consideran que el DNU de Javier Milei «debilita los controles democráticos» por, entre otros aspectos, habilitar la captura de personas sin orden judicial.
Alrededor de veinte organizaciones de DDHH, políticas y sociales solicitaron ante el Congreso de la Nación que se derogue el DNU de Milei que reforma la Ley de Inteligencia.
El argumento de los organismos es que la reforma libertaria “debilita los controles democráticos” porque, entre otros preocupantes factores, habilita la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial mediante.
El documento enviado al Congreso fue firmado por Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros organismos que defienden los Derechos Humanos.
Milei quiere convertir a la SIDE en una policía secreta y sin control
Las organizaciones firmantes se expresaron contra la reforma a la Ley de Inteligencia porque advierten los peligros que implica en términos de derechos constitucionales, vigilancia y espionaje.
“Se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron.
El decreto de Milei “habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos”. Preocupa especialmente que la reforma se traduzca en persecución política a opositores, en un contexto de ascenso de la ultra derecha en el mundo y en Argentina, que aquí se refleja en el aumento de prácticas antidemocráticas por parte del Gobierno Nacional.
“Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron los organismos.
Detenciones arbitrarias, persecución e intimidación
En el comunicado que presentaron al Congreso, las entidades señalan que el DNU de Milei «deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control«.
En el texto, explican que la reforma “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”.
“Se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”, señalaron los organismos.
Absoluto secreto: no podés saber si te investigan, ni por qué, ni qué hacen con tus datos
“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, puntualizaron.
El DNU de Milei vuelve a las actividades de inteligencia totalmente opacas, bajo secreto absoluto. “No vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos. El carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.
Días atrás, se sumaron amparos que judicializaron el rechazo a esta reforma: uno del CELS y otro de dirigentes radicales. En el texto de estos últimos, así sintetizaron la gravedad del DNU: «Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho«.
