Mendoza: La ciudadanía pide la derogación de la ley pro minera

Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, anunció ayer -mediante conferencia de prensa- la suspensión de la reglamentación de la Ley 9.209. Anoche, miles de manifestantes, ruidazo de por medio, exigieron la derogación inmediata de la nueva norma.

Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza

El anunció del mandatario, se planteó como una instancia para abrir el diálogo y alcanzar el consenso social sobre las modificaciones de la 7.722. La masivas movilizaciones en defensa del agua fueron fundamentales para detener la reglamentación.

La ley 9.209 – que ocupa el lugar de la 7722-, que habilita el uso de químicos tóxicos para el desarrollo de la megaminería metalífera, está vigente.

La norma es programática, es decir, el poder Ejecutivo, a través de una reglamentación, debe completar aspectos pendientes para que la nueva ley sea operativa. Esta instancia es la que ayer fue suspendida.

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Enrique Viale, abogado ambientalista, explicó- en dialogo con el diario Los Andes-, que la suspensión de la reglamentación genera un vacío legal en el que se aplica el principio de que todo lo que no está prohibido, está permitido.

“En Argentina hay muchas leyes sin reglamentar y eso no quita el derecho. Las mineras pueden avanzar en la actividad con el uso de cianuro y adquirir derechos”, enfatizó el abogado.

Para Viale, la única salida es que el Gobernador llame a sesiones extraordinarias y envíe un proyecto de derogación de la ley 9.209. El abogado sostuvo que los anuncios del mandatario son maniobras políticas para descomprimir el descontento social.

Pino Solanas, Senador de la Nación, se manifestó en reiteradas oportunidades contra el proyecto de Suarez. Su reclamo sigue la línea de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, y del abogado Enrique Viale, ambos manifestaron la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias para derogar la normativa.

Por último, es necesario recordar que varias ONG (Natura International; Foro Ambiental Córdoba; Fundación Biodiversidad Argentina, entre otras) plantearon que la modificación de la ley 7722 dejaría a los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable. Y resaltaron que Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años.

Por Emi Urouro

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