Varias organizaciones ambientalistas se posicionaron contra la modificación de la ley 7722 que levantaría restricciones a la megaminería. Rodolfo Suarez (Cambiemos), gobernador de Mendoza, envió un proyecto para cambiar artículos de la normativa y beneficiar a las empresas mineras.
La ley que busca ser modificada prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras, en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Cabe resaltar que Suarez llegó al poder con un marcado discurso prominero,con énfasis en el desarrollo del fracking. Para el gobernador esa actividad puede impulsar la economía mendocina.
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“Los gobiernos deberían considerar actividades productivas alternativas que garanticen una mejor calidad de vida para la población, pero no a costa de continuar dañando el ambiente en el contexto de crisis ambiental mundial en el que nos encontramos”, expresa el comunicado emitido por las organizaciones ambientalistas.
Según un informe presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el proyecto propone eliminar la prohibición del uso de sustancias químicas –a excepción del mercurio- y sustancias tóxicas “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”, expresada en el artículo 1.
Y además pretende quitar la necesidad de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para proyectos mineros metalíferos tenga que ser ratificada por el Congreso de Mendoza (modificación del Artículo 3).
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Las ONG (Natura International; Foro Ambiental Córdoba; Fundación Biodiversidad Argentina, entre otras) sostienen que la modificación de la ley dejaría a los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable. Y recuerdan que Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años.
“La alta demanda de agua que generaría la minería metalífera perjudicaría el delicado equilibrio hídrico provincial, afectando así la calidad de vida de los mendocinos y las actividades productivas que, como la vitivinicultura, dependen del recurso hídrico”, explica el informe de FARN.
Por otro lado, el texto sostiene que implementar las modificaciones que pretende el nuevo proyecto representaría una violación de los principios preventivo, precautorio y progresivo, de la política ambiental, establecidos por la Ley General del Ambiente (N° 25.675).
En ese contexto, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura convocan a una manifestación por la 7722, el día viernes 20 de diciembre, desde las 7:00 frente a la Legislatura provincial.
Por Emi Urouro
