La movilización se dio en un contexto de recrudecimiento de la violencia territorial que sufren los pueblos originarios en la provincia.
Los pueblos indígenas de Córdoba realizaron una caminata histórica este viernes, con el propósito de llamar a todas las comunidades a «mantenernos en estado de alerta, denuncia e información al resto de la sociedad».
La movilización se dio en un contexto de recrudecimiento de la violencia territorial que sufren los pueblos originarios en la provincia. Principalmente, por el avance del desarrollismo inmobiliario y minero que poco a poco va produciendo «el despojo, el avance sobre los territorios, la destrucción de sitios ancestrales y antigales, la violencia de género, criminalización de comuneros, la matanza de animales, atentados, imputaciones de la justicia sin sentido».
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Además, denuncian que estos mismos empresarios son los que «destruyen el monte nativo«, lo cual «debilita sus fuerzas espirituales como pueblos indígenas».
«Para nosotras y nosotros, el territorio no es solo una extensión de tierra. Mucho menos una propiedad. Es autonomía, auto-subsistencia, soberanía alimentaria. Es la parte integral de nuestro ser, es quien nos da la identidad. Del territorio somos guardianes y aprendices, aprendemos de la convivencia con lo natural y cultural, atisbando lo cotidiano, con alteridad y empatía a todo lo que nos rodea. No podemos ser sin pertenecer», expresa el manifiesto que leyeron las comunidades al finalizar la caminata del viernes.
Nos tocan a una comunidad, nos tocan a todas
«La situación que hoy vivimos es insostenible», plantearon en el manifiesto y recordaron algunos de los últimos casos de violencia territorial denunciados en Córdoba. Uno de estos fue el de la comunidad de Pluma Blanca, donde importantes empresarios amenazaron de muerte al curaca Carlos López para que abandone el predio donde vive con su familia.
Otro caso citado fue el de San Marcos Sierras, en donde las comunidades Tay Pichín y Tulián están luchando por proteger los sitios sagrados que la Municipalidad está destrozando con obras públicas.
Frenar esta escalada de violencias es cuestión de voluntad política y judicial. No es necesario inventar algo: las protecciones legales ya existen, tanto en la Constitución Nacional (Artículo 17 inciso 17 y 22), como en la legislación provincial (ley 10.316/15).
«Es por eso que reclamamos a los organismos pertinentes del Estado que se hagan presentes y se responsabilicen de esta escalada de violencia«, remarcan en el manifiesto.