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La Justicia falló a favor de la extradición de Facundo Molares

Finalizó el juicio de extradición pedido por el gobierno colombiano contra Facundo Molares. El juez de Esquel Guido Otranto dijo que "no reconoce el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren". La defensa presentará un recurso ante la Corte Suprema. Este miércoles, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, anunció en su […]

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Finalizó el juicio de extradición pedido por el gobierno colombiano contra Facundo Molares. El juez de Esquel Guido Otranto dijo que "no reconoce el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren". La defensa presentará un recurso ante la Corte Suprema.

Este miércoles, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, anunció en su veredicto que el militante argentino Facundo Molares Schoenfeld deberá ser extraditado a Colombia, país que lo acusa de haber participado del secuestro del concejal Armando Acuña, ocurrido en marzo de 2009 en el municipio de Garzón, departamento del Huila, en el sur de ese país.

Sin embargo, la defensa planea presentar un recurso judicial ante la Corte Suprema. Si el Máximo Tribunal ratifica este fallo, Alberto Fernández será quien decida finalmente si Molares es trasladado o no.

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En este marco, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales que integran la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares denuncian que este proceso judicial "ha dejado entrever la mirada políticamente discrecional de los fiscales", puesto que "se han aportado argumentos y pruebas suficientes sobre la ausencia total de garantías que ofrece el Estado colombiano no sólo para la legítima defensa, sino para garantizar la vida de Facundo".

Es por eso que señalan que su extradición implica una "pena de muerte encubierta, como lo demuestra el asesinato del Estado narcoterrorista de Colombia contra los guerrilleros desmovilizados", al recordar que el pedido se basa en la militancia previa de Molares en la FARC.

El rol de Otranto y las palabras del abogado defensor

El juez Guido Otranto en el fallo desconoce el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren, lo que habilita que la extradición quede justificada. Con este mismo criterio el magistrado garantizó la extradición de Facundo Jones Huala a Chile en 2018, acusado por el país vecino de un delito del que no hay pruebas disponibles ni fehacientes.

Por su parte, Eduardo Soares, uno de los abogados defensores, manifestó a distintos medios que "la Jurisdicción Especial para la Paz (mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC en Colombia) no se ha portado bien con la Gremial de Abogados ni con Facundo".

"La JEP debe intervenir, pero atiende un contestador automático. Si hubieran respondido Facundo no estaría preso. En seis meses no respondió, tendría que haber dicho que era su competencia y que levanten las cautelares. Hay una situación en Colombia que nos excede, tanto burocrática como política. La JEP pudo haber dado señales, pero no lo hizo", dijo el abogado.

"A las organizaciones de derechos humanos le decimos que deben interpelar al Gobierno argentino, porque la Cancillería dejó pasar una circular roja que era trucha, con la orden de detención para Facundo que no fue emitida por una autoridad competente, y si quisiera mañana mismo manda un oficio al embajador argentino en Colombia, a quien respetamos mucho, para que se presente ante la JEP".

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"No somos una organización política y no recibimos fondos de nadie", enfatizó el abogado. Y fue más allá: "Díganle al canciller Cafiero que lo puede resolver en cinco minutos. Nosotros seguiremos apelando, Facundo y su familia nos ratificaron su confianza. Hay montones de compañeros argentinos y colombianos, las izquierdas pueden mover para que atiendan a los abogados de Facundo. Y el Gobierno argentino lo puede resolver hoy mismo, porque puede. Veremos si quiere".

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