Luego de 8 audiencias, la justicia falló contra el dirigente sindical Santiago Goodman como coautor por «incendio», delito que prevé penas que desde 3 a 10 años de prisión. Se sobreseyó a las otras acusadas. En las audiencias se destapó un mecanismo de espionaje de la Policía contra quienes protestan.
La justicia de Chubut dictó sentencia por los reclamos realizados en septiembre de 2019 en la Legislatura y falló contra la lucha docente. Las protestas de esa fecha fueron por la muerte de dos docentes en el marco de los reclamos del sector ese año, contra el gobierno provincial de Mariano Arcioni.
Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz fallecieron el 17 de septiembre de 2019 en un accidente de tránsito, luego de participar en asambleas en reclamo de mejoras en los salarios, la obra social y la situación edilicia de los colegios de la provincia.
Posteriormente, se desataron protestas frente a la Legislatura de Chubut que terminaron con la represión policial. En el marco de esas protestas, la justicia provincial procesó a 3 docentes por los incidentes: Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo.
La situación no se ha modificado en los más de 3 años que lleva el plan de lucha docente porque el gobierno no tiene voluntad de dar ninguna respuesta a la crisis económica que atraviesa Chubut.
Hace algunas horas se conoció el veredicto de la causa: Castro y Ancaleo fueron sobreseídas, mientras que la Jueza María Tolomei, halló culpable al dirigente sindical Santiago Goodman como coautor por «incendio», delito que prevé penas que desde 3 a 10 años de prisión.
Acerca del proceso judicial conversamos con Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión Contra la Impunidad y Por la Justicia, quien en horas previas nos dijo que el juicio era «increíble» por la forma en que se desarrolló.
«Había mucho material de video y fotografía, pero pocas pruebas. Nada que comprometa a las personas que estaban salvo la imagen de Santiago bajando de la camioneta con unas cubiertas. Una de las acusadas (Marcela Ancaleo) no sabemos qué hace ahí, es muy grosero. Ella fue esa noche y estuvo parada hablando con gente, no hizo otra cosa, entonces es increíble».
A su vez, agregó que estos procesos siempre funcionan de la misma manera, en un mecanismo de criminalización que se viene replicando en distintas partes del país. «Acá tenemos dos fiscales en Rawson. Y por lo general es el mismo juez Castro el que avala. Entonces la fiscalía acusa con las pruebas que aporta la policía y Castro va para adelante con el proceso», apuntó Silva.
En contraposición a la velocidad con que avanzan estos procesos, los casos de violencia institucional donde se denuncia a la Policía, se prolongan para que prescriba el delito o son archivados.
Te puede interesar: Juicio a docentes y estudiantes UNRN, «La lucha por la absolución tiene que darse en las calles»
A su vez, esta causa no se realizó en las mismas condiciones que se desarrollan normalmente los procesos que tienen audiencias públicas. «Esperamos siempre afuera. A veces logramos transmitir lo que está pasando adentro porque ellos graban todas las audiencias y se transmiten en un canal. Eso por lo general se podía sacar para afuera. En este juicio, eso no sucedió y también es llamativo» explicó Silva.
La justificación para este cerrojo de la causa que dan las autoridades es la posible contaminación de los testigos. «Lo cual es una tontería porque existen los celulares, comunicación y se puede arreglar en cualquier momento» agregó.
Espionaje policial y criminalización
«Nos espían en nuestras casas, nos espían en las calles, nos toman fotos, nos siguen, nos criminalizan y nos arman causas con materiales que ellos mismos generan».
Uno de los hechos más significativos de la causa que obtuvo sentencia hoy, es que se destaparon distintos mecanismos de espionaje, confirmados por efectivos policiales en las audiencias. «La fiscalía aportó casi todos los testimonios de policías, y saltó una cuestión importante sobre espionaje. Es gravísimo porque estos tipos que estaban declarando los conocemos, porque nos persiguen a nosotras que somos ambientalistas también», explicó Silva.
La semana pasada, hubo más de 30 allanamientos por esta misma causa. «Más que una respuesta es una forma de disciplinamiento. Están tratando de lograr la desmovilización, que la gente se empiece a poner nerviosa y deje de participar. Eso están buscando y lo terminan logrando casi siempre, por eso queremos luchar contra este tipo de mecanismos y denunciarlos» continuó la integrante de la ONG Comisión Contra la Impunidad y Por la Justicia.
Este mismo tipo de persecución se replica en distintos puntos del país, y las organizaciones sociales y sindicales vienen reclamando contra este tipo de criminalización. Se persigue a dirigentes y se arma algún tipo de causa judicial al respecto.
«Por el momento se ha presentado una denuncia en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el espionaje que salió en el juicio y otras medidas que no queremos revelar porque queremos llegar a otras instancias».
Noelia Silva
El conflicto docente continúa y la búsqueda de justicia ante la sentencia de hoy en Chubut también. Desde el sector de Educación se realiza un nuevo paro por 48 horas ante la reunión por paritarias que no llegó a buen puerto.
Respecto a la sentencia a Goodman, se desarrolla en estos momentos una movilización como protesta.
