Solicitan juicio oral para 24 expolicías y exmilitares, por crímenes contra 70 víctimas: secuestros, tormentos agravados, homicidios y delitos sexuales.
Elevan a juicio la causa Gutierrez por crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto.
24 expolicías provinciales y federales y exmilitares serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 contra 70 víctimas. La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de esa ciudad.
Los delitos, agrupados bajo el nombre de causa Gutierrez, son 62 hechos que abarcan secuestros, imposición de tormentos agravados y agravados seguidos de muerte, homicidios y delitos contra la integridad sexual.
Quien solicita la elevación a juicio es la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado (UAVDDHH), jurisdicción Córdoba. La misma depende del Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Carlos Gonella y los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirol firmaron la elevación a juicio de la causa.
¿Quiénes son los imputados?
El personal del Ejército acusado incluye a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los exmayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los exsuboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.
Los policías provinciales imputados son los excomisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli; el exsargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez.
Los expolicías federales acusados son los excomisarios Carlos Jesús Reguerisa y Carlos Miguel Tronchín; el excabo Roberto Ernesto González Fossat; y Ramón Alfredo Navarro.
La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad. También están imputados integrantes del Departamento de Informaciones (D2); de las secciones 1° y 3° del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar integrante del Regimiento de Infantería Aerotransportada N°2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba.
Por algunos hechos fueron imputados integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, que integran el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311, y el jefe de la Sub Área militar 3115 (Río Cuarto), que posteriormente pasó a denominarse Área 315.
Los que murieron sin ser juzgados
Algunas de las víctimas, que luego fueron puestas a disposición de la Justicia, fueron torturadas antes y después de la intervención del juzgado y denunciaron esos crímenes.
La acusación declaró que no hay constancia de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos, lo que evidenciaría el encubrimiento de los funcionarios judiciales que actuaron en esa época, quienes fallecieron sin ser juzgados.
En uno de los casos, el del matrimonio de docentes universitarios Ernesto Silber -asesinado en la tortura- y Juana Josefa Chessa, aparece la responsabilidad y complicidad civil en la última dictadura cívico-militar. De acuerdo con la descripción de la fiscalía, Silber se encontraba en dependencias de la universidad y fue privado de su libertad en virtud de información proporcionada a las fuerzas estatales por el entonces director de Despacho General de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Raúl Antonio Ponce Schmiedecke, quien lo vinculó a la organización “Montoneros”.
En el juicio por crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto, al igual que en muchos otros juicios de este tipo, muchos responsables directos tanto militares como civiles murieron sin pasar por la Justicia.
La causa Gutiérrez
En este juicio por crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto, una gran parte de las víctimas pertenecían a la Universidad Nacional de dicha ciudad.
Los crímenes tuvieron lugar entre 1975, el año previo a la declaración del Estado de facto y en donde ya se estaba cocinando la violencia que vendría después, y 1978.
Docentes, no docentes y estudiantes se encuentran entre las víctimas de la causa. Incluso en uno de los casos, el secuestro se produjo dentro de la Universidad de Río Cuarto.
Además, ocho casos de la causa corresponden a delitos contra la integridad sexual, ocurridos en la Unidad Regional, en la sede de la Policía Federal y en la cárcel.
De acuerdo con la acusación fiscal, los lugares en los que se desarrollaron los crímenes de lesa humanidad fueron instituciones legales que al mismo tiempo funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura, como las sedes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y la de la URS en Río Cuarto, el Batallón Arsenales José María Rojas de la localidad de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115, además del edificio del D2 y la Unidad Penitenciaria N°1. También se incluyeron casos ocurridos en otros centros clandestinos, como La Perla y Campo la Ribera.
