Europa busca endurecer las penalizaciones por cometer infracciones ambientales
La Unión Europea asegura que muchos delitos quedan impunes. Además, pueden convertirse en delitos como comercio ilegal de madera o vertidos de tóxicos desde barcos. La Comisión Europea aprobó esta semana un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé sanciones más duras. Se incluyen penalizaciones económicas significativas para las empresas […]
Por Carmela Laucirica | 12/17/2021
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La Unión Europea asegura que muchos delitos quedan impunes. Además, pueden convertirse en delitos como comercio ilegal de madera o vertidos de tóxicos desde barcos.
La Comisión Europea aprobó esta semana un proyecto de directiva que amplía el listado de delitos medioambientales y prevé sanciones más duras. Se incluyen penalizaciones económicas significativas para las empresas infractoras y prisión de al menos 10 años para las personas. Con esta nueva directiva se quiere reforzar el cuidado del ambiente. Asimismo, buscan evitar el daño ambiental mediante penas suficientemente rigurosas.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, señaló tras la aprobación del proyecto que “dejar que los violadores de la ley actúen con impunidad socava nuestro esfuerzo colectivo para proteger la naturaleza y la biodiversidad, luchar contra la crisis climática, reducir la contaminación y eliminar residuos”.
Asimismo, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, recordó que “los delitos medioambientales causan un daño irreversible y a largo plazo para la salud humana y el medioambiente. Pero a pesar de ello son difíciles de investigar y las sanciones tienden a ser leves”.
Entre los nuevos delitos figuran el comercio ilegal de madera, el reciclado ilegal de barcos, la extracción ilegal de aguas, los vertidos de substancias tóxicas desde barcos, las violaciones graves de las normas sobre especies invasivas o las violaciones graves de la legislación sobre productos químicos.
Habrá diferentes sanciones para empresas y personas
Por ejemplo, Bruselas considera que las normativas nacionales sobre ese tipo de delitos divergen demasiado y, en general, son demasiado laxas y tolerantes con los infractores. Asimismo, asegura que las grandes empresas no evitan una infracción si perciben que solo afrontarán castigos de naturaleza administrativa. La Comisión señala como ejemplo de esa impunidad el caso de Volkswagen, que manipuló masivamente los motores para ocultar el nivel real de sus emisiones.
De esta manera, el proyecto de directiva pretende poner fin a esa impunidad. Y para ello, obligará a los Estados miembros a introducir penas adicionales a las multas. “En el caso de las empresas, esas penas adicionales suelen ser más disuasorias que la mera sanción económica”, apunta la Comisión Europea. Entre los castigos añadidos figuran la obligación de reparar el daño ambiental causado y la exclusión de cualquier programa de ayuda pública. También la retirada de permisos para ejercer la actividad en que se cometió la infracción, la liquidación judicial de la empresa o el cierre temporal de algunas de sus instalaciones.
Respecto a las personas responsables de delitos ambientales, quienes causen muertes o pongan en peligro la vida de otros deberán ser condenadas además a una pena máxima de prisión de al menos 10 años, según el proyecto legislativo aprobado por la Comisión.
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Rumania como ejemplo de país infractor y de poco control
El texto además precisa las circunstancias agravantes que deberán tomarse en cuenta para imponer los castigos más duros. El listado incluye el haber provocado un daño irreparable, haber utilizado documentación falsa o haber obtenido un gran beneficio económico con la infracción. La directiva también establece períodos mínimos para evitar la prescripción de los delitos. Así, podrán investigarse y castigarse al menos hasta 10 años después de haber sido cometidos.
Un ejemplo concreto es el que señala Bruselas. El país europeo indica como área de especial preocupación el tráfico ilegal de madera, en auge en países como Rumania. Al respecto, la Comisión Europea abrió un expediente en diciembre de 2020 contra ese país por incumplir las normativas comunitarias y mantener una vigilancia muy laxa sobre la explotación abusiva de los bosques. La Comisión señala que el tráfico ilegal de madera solo se castiga con penas de prisión en 17 de los 27 países de la UE.
