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El Tercer Malón de la Paz regresó a Jujuy después de 4 meses

Antes de su partida, los integrantes del Malón entregaron al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las violaciones a derechos humanos a partir de la reforma a la Constitución aprobada por Gerardo Morales. Tras cuatro meses de campamento pacífico frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, el […]

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Antes de su partida, los integrantes del Malón entregaron al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las violaciones a derechos humanos a partir de la reforma a la Constitución aprobada por Gerardo Morales.

Tras cuatro meses de campamento pacífico frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, el Tercer Malón de la Paz anunció el pasado viernes 15 de diciembre que regresaba a Jujuy. Ese mismo día, a modo de cierre, los integrantes entregaron al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un informe sobre las violaciones a derechos humanos a partir de la reforma a la Constitución aprobada por Gerardo Morales.

Cabe destacar que durante todo el tiempo que duró el acampe, las comunidades indígenas no fueron recibidas por ninguna autoridad.

Cuando el Malón tenía todo listo para partir y retornar a Jujuy, el colectivo que los debía llevar de regreso sufrió una demora. Por tanto, la Policía de CABA efectuó un desalojo en Plaza Lavalle, hostigando y apurando a las comunidades.

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Por la tarde del sábado, el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó en su web un comunicado engañoso: "Luego de 4 meses de ocupación ilegal, desalojaron la usurpación de Plaza Lavalle. El Gobierno de la Ciudad desalojó esta mañana pacíficamente la “ranchada” ubicada en la Plaza Lavalle, donde decenas de personas ocupaban ilegalmente el espacio público".

El texto incluía declaraciones del nuevo Jefe de gobierno, Jorge Macri: "No da lo mismo avasallar los derechos de otros que apostar a una convivencia respetuosa. Vamos a seguir por este camino del orden".

El informe

El levantamiento de la protesta se efectuó en virtud de los resultados que arrojó el informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, que fue creada por el Decreto 435/2023 del Poder Ejecutivo con el propósito de recopilar denuncias sobre los casos de violencia institucional que se sucedieron en la provincia durante las protestas que se originaron a raíz de la promulgación de la Carta Magna local.

Hace un tiempo, en diálogo con Télam, Desiderio Olmos había manifestado que el informe realizado en el marco del trabajo de la Comisión "es lapidario porque es muy objetivo respecto de lo sucedido en materia de criminalización de la protesta y muestra la ilegalidad de la reforma" que impulsó la gestión de Morales.

El 26 de octubre, el Malón había denunciado represión de la policía de Larreta frente al Comité Nacional de la UCR mientras se ejecutaba una convención partidaria encabezada por Morales.

Desde agosto hasta la fecha, en diversas localidades de la provincia de Jujuy realizaron cortes de ruta para exigir la intervención federal a la provincia por la "ilegalidad" de la represión contra el pueblo y la "violación a los derechos humanos" ejercida por la Policía de esa provincia.

El 8 de noviembre, en Jujuy, comunidades indígenas se dirigieron hasta la Legislatura local para exigir "el cese de la judicialización de los que luchan" y "pidieron a los diputados que se abstengan de tratar leyes vinculadas a la reforma parcial", acompañados en sus reclamos por dirigentes gremiales.

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