El mandatario pidió el cese de la violencia y calificó los hechos como «inadmisibles en la vida democrática del país». Además, recurrió al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y promueva acciones ante la inconstitucionalidad de la reforma de Morales.
Este miércoles 21 de junio, el presidente Alberto Fernández se pronunció sobre la violenta represión desatada en Jujuy el pasado fin de semana, por orden del gobernador Gerardo Morales.
El mandatario pidió el «cese de la violencia» y se manifestó preocupado por la violencia estatal, calificando los hechos como graves e «inadmisibles en la vida democrática del país».
Asimismo, resaltó que tuvieron que intervenir organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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También refirió a la falta de consulta a las comunidades indígenas respecto de la reforma constitucional, incumpliendo los estándares interamericanos e internacionales.
Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que esta reforma, de ser aprobada, sería impugnada en sede judicial debido a sus disposiciones que contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Fernández instó al gobernador Morales a cumplir con los estándares internacionales de DDHH y anunció que recurrió al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva acciones de inconstitucionalidad contra los artículos de la reforma que violen la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
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— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) June 21, 2023
🔴@ONU_derechos pide reducir tensiones y evitar retrocesos tras aprobación de reforma constitucional en la provincia de #Jujuy. "Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural", señaló jefe regional Jan Jarab.
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Sumado a lo anterior, solicitó a la gobernación de la provincia jujeña que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a buscar caminos de diálogo para resolver el conflicto generado por acciones antidemocráticas, y reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con la defensa de los DDHH.