Conversamos con Santiago del Movimiento Campesino de Córdoba sobre los reclamos y reivindicaciones con los que se busca motorizar la implementación, además de la situación del gobierno respecto al sector.
Desde distintos sectores ligados al movimiento campesino continúan reclamando por la no implementación de la Ley de Agricultura Familiar y las consecuencias que trae aparejada esta situación.
Recordamos que desde que se sancionó en 2014, la normativa espera la aplicación real para que se vean los efectos de la propuesta y destine un presupuesto formal. En tal sentido, conversamos con con Santiago del Movimiento Campesino de Córdoba.
«Es interesante poner el foco en esta situación que nos genera decepción y nos alerta con los últimos cambios de gabinete. Con la asunción de Massa como ministro. Claramente no estamos convocados al diálogo ni a pensar políticas agropecuarias para sacar a nuestro pueblo del hambre y pensar mejores condiciones para el sector».
Santiago del Movimiento Campesino de Córdoba
Es que en 2014, se creó la secretaría de Agricultura Familiar dándole institucionalidad a los reclamos provenientes de las familias campesinas e indígenas que trabajan de manera diferenciada al agronegocio.
Pero en la gestión de Macri como presidente se enfrió la implementación. Ahora bien, con la asunción de Alberto Fernández, existió el compromiso con el sector de la Agricultura Familiar y señalando que iban a ocupar una posición relevante en la agenda. Lo cual hasta el momento no se ha cumplido.
«Si escuchan a los sectores concentrados de la producción, la distribución de los alimentos y toda la cadena, si se sientan a discutir y a pedirles que frenen con la suba de precios de alimentos, es una burla. Porque los alimentos van por arriba de la inflación y pedirles a ese sector es una pérdida de tiempo. Nosotros nos hemos ofrecido al diálogo y solucionar estos problemas graves de nuestro país».
Santiago del Movimiento Campesino de Córdoba
El entrevistado aclaró la situación: «no es con ellos con los que hay que hablar porque son los responsables. La solución viene de los pequeños y medianos productores».
En este sentido, en medio de la crisis y el acuerdo con el FMI, la generación de divisas es una preocupación para el gobierno. «Se sientan con el sector concentrado porque aportan dólares, en medio de la crisis que tenemos. El problema es que quedan a las órdenes e intereses del sector. De esta manera, perdemos soberanía a la hora de discutir un proyecto de producción de alimentos en nuestro país pero estamos en dependencia de los productos solarizados«, explicita el integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.
En este punto te invitamos a ver el informe que realizamos titulado «La Tierra en Disputa».
Las promesas continúan pero no las consecuencias de la no implementación de la Ley de Agricultura Familiar continúan.
«Se convocó aisladamente al Consejo de la Agricultura Familiar que es quien convoca a las organizaciones para discutir la política pública. Han sido aisladas sin un programa claro de trabajo. Se habló en al menos 3 actos institucionales, planteando con bombos y platillos de un presupuesto para el sector, y sigue sin haber una solución. No hay respuesta institucional de esta demanda histórica. En ese marco de complejidad es que estamos en alerta» sostuvo Santiago.
En este sentido, se plantearon recursos pero pertenecían a programas ya existentes. Estas declaraciones aportan a la preocupación de las familias campesinas e indígenas, y aporta al descrédito y desconfianza con el gobierno.
La situación en Córdoba es similar con una normativa sancionada en 2019 pero sin una real implementación. «Se convocó a dos reuniones para construir un acuerdo de reglamentación con las organizaciones porque en este mes se discute el presupuesto. Pero no hemos sido anoticiados de que haya una reglamentación» señaló el entrevistado.
¿Qué permitiría la Ley?
La Ley de Agricultura Familiar propone un marco institucional para el sector que permita políticas a largo plazo, mediante un presupuesto propio.
Además, se crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
Estos incentivos permitirían aumentar la productividad del sector. «Nosotros promovemos la agroecología que es poder producir con insumos despegados del precio del dólar, lo que va a permitir que los precios dejen de subir. Además hay un salto cualitativo en los alimentos y en la salud de los productores y consumidores. Hace un aporte sustancial a la crisis climática porque disminuimos la emisión de gases, el uso de tóxicos de agroquímicos» mencionó Santiago entre otros beneficios que genera la agroecología.
«Si no tenemos estas presupuestos destinados particularmente al sector, siempre estas pensando una planificación a corto plazo porque no se sabe con que plata se va a contar el año que viene» explicitó al respecto.
La ley también propone el derecho al acceso a la tierra y las garantías correspondientes. «Es otro elemento central para la producción de alimentos, ya sea la protección de los territorios que ya ocupamos y, por el otro lado, el acceso a nuevas tierras productivas para aumentar la producción de alimentos» agregó.
Además, si se gestionan los recursos para la agricultura familiar, la producción podría aumentarse mediante mejores tecnologías que permitan el mejoramiento de los procesos.
Las consecuencias de no implementar la ley y que el estado siga persiguiendo las divisas del sector concentrado están a la vista: inflación, alimentos pobres en nutrientes y con agroquímicos, desgaste de la tierra por el monocultivo, producción destinada a la exportación y no al consumo interno, y, principalmente, el apartamiento de las familias campesinas e indígenas del territorio, su fuente de trabajo.