Este 3 de noviembre tendrá lugar la 10° Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba. Dialogamos con Martín Passini, integrante del Observatorio de Salud Mental y DDHH.
El próximo 3 de noviembre a las 17 hs se realizará la décima Marcha por el Derecho a la Salud Mental en la ciudad de Córdoba. La consigna de este año es «la salud mental no se negocia».
Desde la organización de la marcha exigen que «se respete la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes».
En este marco, dialogamos con Martín Passini -integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos- acerca de la situación actual en nuestra provincia.
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A partir de un diagnóstico, Passini comentó que el Observatorio de Salud Mental y DDHH visibilizó el «vaciamiento cada vez más extendido de los talleres y las prácticas comunitarias en los hospitales monovalentes de Salud Mental».
A lo anterior, agregó que se avanzó poco en la creación de salas destinadas a este área de la salud en los hospitales generales. «Sabemos que está funcionando un poco mejor en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, pero en otros sitios no se mejoró ni agrandó el servicio general sino que se amontonaron sin proveer mejores recursos, infraestructura, equipos, etc», expuso Passini.
En línea con lo mencionado, el integrante del Observatorio explicó que la «gran debilidad histórica» está en el primer nivel de atención, es decir, en centros de salud barriales. «Son muy escasos los profesionales trabajando allí, tanto en las redes que tiene la Provincia como la Municipalidad».
Asimismo, puntualizó en que la pandemia por COVID-19 contribuyó a deteriorar estos espacios. «Vemos cómo ha crecido la dispensa de psicofármacos dentro de los hospitales neuropsiquiátricos, donde las condiciones de habitabilidad y de respeto por los derechos humanos de las personas usuarias internadas están atravesadas por múltiples situaciones de vulneración«.
El Observatorio de Salud Mental y DDHH continúa denunciando los cuestionables métodos de tratamiento del Centro Psicoasistencial de Capital (CPA), dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia. En este sentido, Passini resaltó que este lugar «opera con una lógica represiva y punitiva. Seguimos insistiendo y reclamando justicia por la muerte de Ezequiel Castro«.
Por último, señaló que nunca se creó en nuestra provincia el órgano de revisión local de la Ley de Salud Mental, «un órgano de control institucional, público e independiente del Poder Ejecutivo, donde las personas que sufren vulneraciones a sus derechos en el ámbito de la Salud Mental puedan presentar denuncias, puedan buscar defensa frente a estas circunstancias».
