Contra el humo y las fake news: qué fue la “liberación masiva” de presos

Lo cierto es que no hubo “liberación masiva” ni hubo tampoco “un aval del Gobierno nacional” sobre este asunto. Lo que sí pasó fue que la Justicia Federal y otros tribunales provinciales otorgaron prisiones domiciliarias a una porción de reclusos, bajo el seguimiento de un protocolo de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, muchos medios de comunicación hicieron eco de una noticia alarmante: por disposición de la Justicia y con el aval del Gobierno nacional habría una liberación masiva de presos.

Lo cierto es que no hubo “liberación masiva” ni hubo tampoco “un aval del Gobierno nacional” sobre este asunto. Lo que sí pasó fue que la Justicia Federal y otros tribunales provinciales otorgaron prisiones domiciliarias a una porción de reclusos, bajo el seguimiento de un protocolo de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Todo comenzó el 15 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud alertó sobre qué pasaría si hay un brote de contagios dentro de las cárceles y dictó una serie de recomendaciones. A este mensaje se acoplaron otros organismos como la Cruz Roja y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Las recomendaciones eran “reducir las poblaciones penitenciarias siempre que sea posible mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos para quienes sea seguro hacerlo”. Además, aconsejó reducir la utilización de la prisión preventiva.

Sobrepoblación en cárceles argentinas llega a un nuevo récord ...

En consecuencia, la Cámara de Casación, el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); personas que estén próximas a cumplir su pena; personas condenadas a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).

Sobre delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones. Otros tribunales del país, como la Cámara de Casación porteña (la que trata delitos ordinarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires) y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dictaron acordadas similares para reducir la población en los penales provinciales.

Vale aclarar que la medida es exclusiva mientras dure la pandemia. Es decir que aquellos reclusos y reclusas que eventualmente se les otorgue prisión domiciliaria, serán sometidos a un reexamen cuando termine la emergencia sanitaria y en tanto lo considere la Justicia volverán a la cárcel común.

Datos verdaderos, datos falsos

En este marco fue que se otorgó una serie de prisiones domiciliarias. Del total de presos y presas en cárceles federales, se le concedió la prisión domiciliaria a 320 internos (el 2,5% del total).

En las cárceles provinciales el número fue mayor en Buenos Aires, donde se otorgaron 800 prisiones domiciliarias (menos del 2% del total) según informó el procurador general de la Provincia al medio Chequeado. Por su parte, la Justicia de Córdoba solo habilitó a 4 internos a transitar su condena en el domicilio.

Distinta, fue la información que dio la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, quien apuntó al Gobierno por una supuesta “suelta de violadores” y afirmó que recibieron la libertad “1076 personas con delitos contra la propiedad” y “276 con delitos contra las personas”.

También, dijo que desde el comienzo de la cuarentena liberaron a 176 personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Información que luego desmintió en el programa televisivo que conduce Eduardo Feinmann por A24.

Según la estadística del SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril del año pasado fueron liberados 44 acusados de delitos contra la integridad sexual; mientras que en el mismo período este año fueron menos, 38

En cuanto al supuesto aval del Gobierno nacional, la acusación de basó declaraciones donde Alberto Fernández dijo estar de acuerdo con las recomendaciones que dictó la OMS. Días después, emitió un descargo a través de sus redes donde aclaró que no está “a favor del indulto” y que el tema está “a disposición de los tribunales”.

¿Cuántas detenidos hay y por qué la pandemia agudiza esta problemática?

El último dato disponible de todo el país es de diciembre de 2018 (los informes anuales suelen publicarse a mitad del año siguiente) y registra un alto grado de sobrepoblación carcelaria. Si se tienen en cuenta todas las cárceles del país (provinciales y federales), este indicador asciende al 22,1%. Esto quiere decir que, en ese momento, había 94.883 personas detenidas y una capacidad de los distintos servicios penitenciarios de alojar 77.678. Por lo tanto, había 17.205 personas encarceladas sin que hubiera espacio para ellas.

La información actualizada al 28 de abril última informa que en cárceles federales hay capacidad para 12.694 internos y actualmente hay 12.579 presos, es decir que hay 115 plazas disponibles. Esto es algo nuevo: a fines de 2019 había una sobrepoblación carcelaria de 1200 personasUna parte de esta baja en la población carcelaria se explica en los 320 internos que salieron con prisión domiciliaria por la pandemia, y las otras causas fueron la baja de delitos registrada durante el aislamiento y la restricción de entradas de internos a las alcaidías de los tribunales.

Los expertos aseguran que, una vez ingresado el virus en una cárcel, automaticamente pone en peligro a todos los que allí residen o trabajen (enfermeros, guardiacárceles, etc) ya que hacinamiento imposibilita el distanciamiento preventivo.

Por Cristian Dominguez

Fuente: información proporcionada de Chequeado.

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