Con un juicio político en su contra ya en marcha, Lasso decretó el libre porte de armas en su país. Por su parte, en Chile se trata hoy en el Senado la “ley gatillo fácil” que exonera a los carabineros que ejecuten crímenes de estado en “defensa propia”.
ECUADOR
Los últimos acontecimientos en Ecuador deberían llamar mínimamente la atención. En menos de cinco días se sucedieron hechos que vale la pena aquí exponer y relacionar.
El Juicio Político contra el Presidente Guillermo Lasso ya es un hecho. Así se lo notificó al Presidente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional luego de que esta aprobara y admitiera que el pedido de juicio está correctamente sustentado para ser llevado a cabo. A su vez, tanto los asambleístas solicitantes como el acusado, tienen diez días para presentar pruebas acusatorias por un lado y un derecho a su defensa por otro. ¿Está Lasso transitando sus últimos días como Presidente?
El mandatario no desconoce que no cuenta ni con la legitimidad popular ni con una fuerte coalición política que puedan evitarle su salida de la casa de Gobierno. Y como todo político neoliberal que siente cerca su final, comienza a tomar medidas por demás polémicas que atentan con el Estado de Derecho y sistema democrático mismo, por más liberalizado que este se encuentre en una sociedad de características capitalistas.
Me refiero a su última decisión en materia de “seguridad”. El pasado sábado el Presidente autorizó la libre tenencia y porte de armas de uso civil para la “defensa personal”, como medida para “afrontar” la creciente ola de violencia armada que azota a provincias como Guayas, Los Ríos y Santa Elena, ahora nuevamente en estado de excepción tras los recientes anuncios presidenciales.
Como frutilla de postre y sintetizador de los últimos párrafos, hace tres días atrás asesinaron a Rubén Chérrez, empresario clave en las investigaciones que llevan a juicio al Presidente. Chérrez, amigo del cuñado de Lasso (acusado de corrupción entre otros delitos) era señalado e investigado por sus contactos con el narcotráfico y también con la mafia albanesa.
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Desde organizaciones como la CONAIE y el Movimiento Guevarista señalaron que el Presidente quiere un “baño de sangre” en sus últimos días de gobierno. “Lo que para los de arriba es ‘seguridad’ para nosotros es muerte” sintetizaron estos últimos haciendo alusión a que la libre portación de armas pone en peligro a los sectores históricamente vulnerabilizados por el mismo narcotráfico y su brazo ejecutor, el Estado.
El Estado de Derecho en Ecuador preocupa en medio de una crisis social y política que es llevada de manera directa e intencionalmente al caos general con el objetivo de postergar el fin del juicio político y permanecer en el poder todo el tiempo que pueda “ganar”.
Según Virgilio Hernández, ex asambleísta nacional, esta política solo provocará mayor facilidad de armarse para los delincuentes, aumento de los femicidios ya que en Ecuador el 70% de los mismos se llevan a cabo mediante el uso de armas de fuego, y por último “un mayor nivel de violencia generalizada en la sociedad”.
CHILE
Se debate hoy en el Senado la ley “gatillo fácil” como la han denominado diversas organizaciones políticas y sociales de Chile que entienden que la normativa -impulsada por sectores de la derecha y el propio progresismo- permite una violación directa a los Derechos Humanos.
El asesinato de una carabinera por parte de bandas narcocriminales fue utilizado por las fuerzas de seguridad, los medios corporativos, la oposición fascista-liberal y hasta por sectores del mismo Gobierno “popular” de Boric, con el objetivo de apurar el debate parlamentario de la ley “nain-retamal” que aumentaría las penas en casos de crímenes contra miembros de las fuerzas de seguridad al mismo tiempo que logra impunidad en los crímenes que estos cometan sobre la población civil ya que exonera de culpas a los carabineros que usen sus armas en “defensa propia”. ¿Matar ya no será un delito para las fuerzas represivas del Estado de Chile?.
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Antes del ultramediatizado crimen contra la mujer policía, el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, exigió al Congreso a “apurar leyes que permitan mejorar las herramientas a los uniformados y cuyas acciones, como el uso de arma de fuego, no sea cuestionada por otras entidades como la Fiscalía”.
Organizaciones políticas y sopciales mapuches y chilenas que defienden los Derechos Humanos y también la ONU, alertaron por la clara violación que esta ley infundaría sobre el Estado de Derecho en Chile. Además de “legalizar” el “gatillo fácil” (léase crimen de lesa humanidad), de ser aprobada, liberaría de cargos a los pocos carabineros acusados y procesados por las violaciones a los DDHH cometidas -por ejemplo- durante el estallido social. Entre ellos, el propio director de Carabineros elegido por Boric, quien está imputado justamente por delitos de lesa humanidad.
Boric, quien siempre intentó distanciarse ideológicamente de Piñera o Katz, es hoy el principal impulsor de una ley que tiene sus antecedentes en el anterior gobierno. Además de no cumplir sus promesas de “refundar” a Carabineros, continúa con un plan sistémico de violencia estatal sobre las comunidades mapuches ubicadas en Wallmapu. De aprobarse la ley “gatillo fácil”, los crímenes estatales aumentarían y son -también aquí- los sujetos históricamente vunlnerabilizados por el capital (inmigrantes, pueblos originarios, personas lgtbq+, personas empobrecidas) quienes sufrirían tales efectos.
No es la primera vez que los Estados de Derecho de estas naciones corren nuevamente peligro. Durante fines del 2019 en Chile y Ecuador se vieron suspendidas las libertades constiucionales y se dió vía libre para la violación sistemática de los DDHH. Hoy, ambos países corren peligro nuevamente en lo que hace a la vida política democrática.