Un proyecto que generará daños e impactos irreversibles en el territorio.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, publicó el llamado a licitación pública, para iniciar con la ilegal e ilegítima obra de la Autovía de la Ruta 5 de Paravachasca. Este proyecto, costará más de 6000 millones de pesos, monto que no incluye el costo de las expropiaciones.
Se realizará con fondos públicos, y generará daños e impactos irreversibles en el territorio. La situación de la autovía en la zona de Punilla, se replica en el Valle de Paravachasca. Por este motivo, los vecinos y vecinas de la zona se organizaron para impedir el avance de este proyecto, que atenta directamente sobre el ambiente y la población.
Desde hace algunos meses, los habitantes del Valle de Paravachasca, vienen denunciando y visibilizando, que esta obra va a fragmentar social, cultural, ambiental e hidrológicamente la región. En simultáneo, realizaron presentaciones y pedidos de información, en los municipios y las comunas locales, en la Secretaría de Ambiente, en la Legislatura provincial, y en la Justicia de Córdoba.
Al respecto, aún conociendo el derecho de acceso a la información pública, y a las respuestas en los términos que establece el marco legal, por parte de las instituciones estatales, ningún organismo dio una respuesta.
Asimismo, los vecinos y vecinas agregaron que «es oportuno, además, recordar que, aunque se pretenda hacernos creer que la autovía tiene que ver con el progreso de las comunidades, en la Audiencia Pública Digital, el 90% de quienes participamos rechazamos esta obra; por considerar que Paravachasca tiene otras necesidades y prioridades: salud, agua potable, educación, tratamiento de residuos, sistema de cloacas, entre otras. Todas problemáticas de larga data, que se profundizarán con la realización de esta obra».
La autovía es ilegal
La gravedad de este proyecto, radica fundamentalmente en que, mientras tanto, se intensifican los proyectos mineros, buscando avanzar no solo sobre lo ya destruido, sino también en áreas de conservación del bosque nativo, en las cuencas hídricas y en territorios frecuentemente incendiados.
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La frontera agroganadera, se expande sobre zonas de conservación del bosque nativo, estalla la especulación inmobiliaria sin ningún tipo de ordenamiento ni control estatal, se profundiza la falta de acceso al agua, y aumenta exponencialmente la proliferación de basurales.
Los vecinos y vecinas expresaron que «esta es la cruda realidad, de un Valle que sucumbe en el espejismo de un falso modelo de desarrollo y progreso». Todos y todas se unen para gritar «la autovía no es prioridad, sin licencia social no hay, ni habrá licencia ambiental».