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Argentina: La población carcelaria aumentó 55% entre 2013 y 2019 pero no mejoraron las garantías procesales

Publicado por:Emilia Urouro

La población carcelaria de Argentina aumentó un 55% del 2013 al 2019 y no se observan mejoras significativas en el respeto de las garantías procesales. Los datos surgen de la encuesta realizada en 2019 sobre derechos y garantías procesales en el Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense, a cargo del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través del CELIV, presentó datos preliminares de la encuesta titulada: “Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, una lectura en perspectiva temporal 2013/2019”.

Entre 2013 y 2019 se registraron 63.094 personas privadas de su libertad dentro del Sistema Penitenciario Federal y  Sistema Penitenciario Bonaerense. Según el estudio estos servicios representan el 69% de la población carcelaria total de la Argentina.

«El 50% tenía 30 años o menos al momento de su detención, el 42% cursó estudios hasta la primaria y el 76% estaba trabajando un mes antes de ser detenido» muestran los datos sobre la población relevada.

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La información preliminar de la encuesta reflejo que el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales o vinculados a las drogas. Además, el porcentaje de reincidencia es del 39%.

En cuanto a las garantías y derechos procesales en el año 2013 al 51% de los detenidos la policía les informó que tenían derecho a una abogado, ese número disminuyo a 45% en 2019.

Según los datos, mientras estaban en la policía, el 42% expresó que alguien lo golpeo o utilizo fuerza física en el año 2013, ese número aumento a 49% en 2019.

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Tampoco hubo mejoras respecto a la declaración indagatoria. Tanto en el 2013 como en el 2019 el juez estuvo presente en el momento de rendir declaración de un 34% de la población carcelaria.

Esta encuesta responde al objetivo del CELIV de convertirse en un espacio de investigación y comunicación de referencia nacional y regional para especialistas, académicos, tomadores de decisiones y púbico interesado en temas de inseguridad, violencia y delito.

Por Emi Urouro

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