Aprueban el presupuesto para la construcción de la autovía de Punilla

A pesar del rechazo de decenas de organizaciones socioambientales, la Provincia avanza en la obra de la autovia alternativa a la Ruta 38.

El Gobierno nacional informó, vía Boletín Oficial, que aprobó los modelos de contratos de financiamiento para dos programas de infraestructura en el país. Entre ellos está la Corporación Andina de Fomento (CAF), del cual se establece el financiamiento por U$S 75 millones para obras en la provincia de Córdoba.

Ese dinero se utilizará para la construcción de la Autovía de Punilla, la cual se propone como una alternativa a la Ruta Nacional 38. Por este proyecto se está llevando a cabo actualmente una audiencia pública ambiental -que culminará el 13 de mayo- en donde más del 80% de los oradores se oponen.

A pesar de esto y de que decenas de organizaciones ambientales han presentado denuncias en contra, la Provincia avanza en la construcción con el apoyo de la Nación.

Trazado de la nueva Autovía de Punilla.

Argumentos en contra

En marzo, más de 50 agrupaciones y asambleas firmaron y elevaron un petitorio al gobernador Juan Schiaretti en rechazo a la nueva autovía de montaña que atravesaría el Valle de Punilla. Crisis hídrica, más de 350.000 hectáreas perdidas por los incendios en Córdoba y consecuentes inundaciones en zonas turísticas son razones principales para frenar esta iniciativa.

Además, este proyecto prevé un trazado que atravesaría distintas reservas que protegen las cuencas que suministran de agua al Sur de Punilla y Córdoba Capital, y también tierras ancestrales que afectarán a pequeños productores y campesinos.

“No es admisible endeudar a la ciudadanía y a las generaciones futuras con proyectos faraónicos como una autovía de Punilla, que resulta de una proyección del plan bioceánico IIRSA para perpetrar el modelo extractivista de saqueo de nuestros bienes naturales y no pensada para favorecer el turismo o traer un tipo de progreso que no hemos consensuado”, denunciaban las organizaciones en un comunicado.

Los colectivos firmantes argumentaron, en paralelo, que se trata de una obra ilegal, dado que la Corporación Andina de Fomento (CAF) exige la aprobación popular como requisito para financiarla, lo cual no es un hecho.

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