Ampliaron el habeas Corpus para proteger a defensores ambientales
El jueves pasado, organizaciones ambientales reclamaron por la demora del tratamiento de los amparos y causas ambientales en Córdoba. Fueron recibidos por diversas autoridades, y realizaron un acampe en las afueras del recinto. El jueves pasado, la Mesa de organizaciones, comunidades indígenas y asambleas socioambientales de la Provincia de Córdoba, exigieron el otorgamiento de un […]
Por Ramiro Quintanilla | 08/01/2022
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El jueves pasado, organizaciones ambientales reclamaron por la demora del tratamiento de los amparos y causas ambientales en Córdoba. Fueron recibidos por diversas autoridades, y realizaron un acampe en las afueras del recinto.
El jueves pasado, la Mesa de organizaciones, comunidades indígenas y asambleas socioambientales de la Provincia de Córdoba, exigieron el otorgamiento de un Habeas Corpus para proteger a defensores ambientales.
Se presentaron en Tribunales para reclamar, además, por el tratamiento de los amparos y causas ambientales, como "por los fallos arbitrarios que se dan sistemáticamente, desde hace años, en la Justicia de Córdoba".
En un comunicado, relataron lo ocurrido durante el jueves. Luego de horas de reclamar en la puerta de la institución judicial, fueron recibidos alrededor de las 14 por la secretaria de la sala Penal del TSJ, Dra. María Pueyrredon y tres letradas del área de derechos humanos.
15 representantes de las organizaciones estuvieron presentes y expusieron las violencias institucionales sufridas, la falta de tratamiento de amparos, las negativas de habeas corpus, y la selectividad con que avanza la justicia: "no es estructural sino direccionada".
"El Poder Judicial de Córdoba -en su acción e inacción- es cómplice de la contaminación, de la destrucción ambiental y la violencia estatal desatada en contra de poblaciones vulnerables (pobladores locales, comunidades indígenas, defensorxs ambientales), en total violación de derechos humanos y -entre otro- del Acuerdo de Escazú".
De la secretaria no recibieron ninguna respuesta por lo que decidieron permanecer en el lugar hasta recibir alguna respuesta.
Las condiciones para retirarse del lugar fueron las siguientes medidas:
- Urgente otorgamiento de Habeas Corpus para proteger a lxs defensorxs ambientales, pobladorxs locales y comunidades indígenas de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas amenazadxs por la avanzada de las autovías y desarrollos inmobiliarios ilegales.
- El urgente dictado de medidas cautelares en Amparos Ambientales hasta que se resuelva la cuestión de fondo y el control del efectivo cumplimiento de las medidas ya dictadas.
- La elaboración de una acordada que exija a los jueces una adecuada y urgente resolución las causas y Amparos Ambientales.
- El sobreseimiento de lxs defensorxs ambientales judicializadxs por ejercer el art. 41 de la Constitución Nacional.
Horas más tarde, se presentó la jueza de control de turno Celeste Ferreyra, y posteriormente el Fiscal ordinario De Aragón. Luego de más de 9 horas decidieron salir del recinto y volver al acampe en las puertas del establecimiento junto con el resto de compañeras y compañeros.
"En el contexto descripto, a las 8 de la mañana del día 29 de julio de 2022, compañeras y abogadas se reunieron en Tribunales II con la Jueza de Control de 9na Nominación, Celeste Ferreyra a efectos de puntualizar cuáles serán las acciones concretas que desarrollará el Poder Judicial respecto de nuestras demandas. Allí se planteó el urgente tratamiento del Habeas Corpus presentado y que debe ser resuelto por la Jueza antes mencionada, quien expresa su compromiso a estudiar el mismo, para lo que nos solicita AMPLIAR el mismo a efectos de analizar la Jurisdicción, cuestión que se ocuparán los abogados en las próximas horas".
Al respecto, aclararon que este lunes se reunieron a ampliar el habeas Corpus para proteger a los defensores ambientales, iniciado el viernes. Pero hasta que no haya ninguna confirmación oficial, mantendrán las resistencias en territorios.
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En el comunicado, finalizaron indicando que "la acción colectiva, decidida y firme, de la unidad de organizaciones, comunidades y asambleas, sacó de eje a quienes sistemáticamente ocultan, demoran e incumplen sus funciones públicas brindando impunidad a quienes violan principios constitucionales, leyes ambientales, tratados y acuerdos internacionales y derechos humanos".
Además, agregaron que: "En la provincia de Córdoba estamos frente a un colapso ambiental, pero también institucional, sin Justicia ni garantías democráticas. Mientras el gobierno muestra a la sociedad un discurso pseudo-ecológico, “pintado de verde”, en la realidad es demagogia e hipocresía pura. En los actos el Estado es responsable de devastar y saquear los territorios en beneficio de poderes económicos concentrados".
