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Aborto legal: liberaron a la médica en Salta pero sigue la persecución judicial

La profesional realizó una ILE solicitada por una paciente con 22 semanas de gestación pero fue dentro del marco de la ley. Hablamos con Verónica Cuevas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta. Por Redacción El Resaltador La semana pasada, una médica del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad […]

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La profesional realizó una ILE solicitada por una paciente con 22 semanas de gestación pero fue dentro del marco de la ley. Hablamos con Verónica Cuevas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta.

Por Redacción El Resaltador

La semana pasada, una médica del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, fue detenida en el marco de una causa judicial que le iniciaron por haberle practicado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una joven embarazada de poco más de cinco meses. Ante el repudio de las organizaciones feministas de todo el país, fue liberada horas más tarde.

Según la denuncia que inició la causa, la médica realizó una interrupción legal del embarazo, el 24 de agosto pasado, a una joven de 21 años que atravesaba hasta entonces un proceso gestacional de 22 semanas y 2 días. En ese marco, fue detenida esa mañana en su lugar de trabajo.

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Sobre cómo continúa el caso, hablamos con Verónica Cuevas, integrante de la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Cuevas explicó que la liberación se dio por "toda la movilización que hubo en el país y la preocupación de todos los actores importantes" como ministerio y organizaciones. Además, la Justicia de Salta optó por no dejar que el caso siga creciendo mediáticamente "sabiendo que la médica trabajó en todo momento bajo el marco de la ley".

En cuanto a la situación de la doctora, el juez de Garantías, Fernando Mariscal Astigueta, tomó medidas como la prohibición para salir de la ciudad y tiene que presentarse una vez a la semana ante la justicia. Algo "extremo" e "irrisorio", según la entrevistada, porque no hay riesgo de fuga ni de manejo de testigos.

La defensa tiene como objetivo aclarar que no hubo una intervención forzada sino con el pleno consentimiento de la persona y que estuvo respaldada por un equipo interdisciplinario en el marco de la Ley 27.610. Vale aclarar que el aborto legal puede practicarse hasta la semana 14 del embarazo y existen dos excepciones: si el embarazo fue producto de un abuso sexual, o bien, si está en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

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Otro paso importantes es demostrar que la acusada nunca recibió una imputación formal antes de sea detenida por un delito. "Solo se ha enterado por los medios, así que tuvo que enfrentar los primeros pasos del proceso sin abogado y eso constituye una falta grave", remarcó Cuevas.

La especialista destacó también dos puntos importantes sobre este caso. Lo primero es que, sabiendo que la denuncia fue presentada por una tía de la persona que solicitó el aborto legal, se sienta un precedente para que "cualquier persona que se diga familiar se presente y su palabra sea tenida en cuenta por un juez sobre la palabra de la persona gestante. Con esto demuestra una falta del derecho a la autonomía del cuerpo".

Lo segundo es que también deja "un marco de desprotección a los profesionales que trabajamos dentro de los estándares que dice la normativa nacional".

Por último, la entrevistada expresó que todo esto "no es casual" y que "va de la mano con el pedido de inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó una agrupación de antiderechos de acá de Salta y que fue admitido en diciembre".

Cristian Dominguez

Redactor y co-productor de contenidos para el sitio web y las demás plataformas de El Resaltador.
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