Pese a la evidencia científica que demuestra la efectividad del etiquetado frontal en una alimentación más consciente y como herramienta de prevención de enfermedades crónicas asociadas a hábitos alimenticios, el Gobierno Nacional impulsa un proyecto para eliminar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.
El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca derogar en su totalidad la normativa conocida como «Ley de Etiquetado Frontal», a pesar de la evidencia científica respecto a su efectividad como política de salud pública.
Con la firma del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni y el Ministro de Salud Mario Lugones, el proyecto de derogación argumenta que es necesario reducir “limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del MERCOSUR”.
No obstante, los modelos que se discuten en otras partes de Latinoamérica son menos efectivos que la normativa argentina vigente, basada en el Sistema de Perfil de Nutrientes (SPN) de la Organización Panamericana de la Salud, considerado el sistema más preciso y protector de toda la región.
Es por ello que más de 300 organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan la derogación, en tanto atenta contra el derecho a la información de las y los consumidores y una política de salud pública de eficacia comprobada.
Democratizar el acceso a la información para lograr mejores hábitos
La Ley N° 27.642 es popularmente como Ley de Etiquetado Frontal pero no dispone solamente la colocación de sellos anunciando el exceso de calorías, azúcar, sodio y grasas en los paquetes de alimentos ultraprocesados: también regula la publicidad de estos alimentos dirigida a niñas, niños y adolescentes (por ejemplo, prohibiendo estrategias de marketing que hacen a los productos insalubres visualmente atractivos en su packaging) y promueve entornos escolares saludables en los alimentos disponibles en cantinas y kioskos.
La derogación de esta ley implicaría desmantelar esa protección. Según el Poder Ejecutivo el sistema es «inconsistente» y «simplificado», pero estudios generados por el propio Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FIC Argentina demuestran que los sellos funcionan.
Según estos informes, el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables; más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra de bebidas (63%), yogur (62%) y galletitas (50%). Los sellos incluso sirvieron para desmitificar productos habitualmente considerados de buena calidad nutricional pero que en realidad tienen excesos de sustancias insalubres (como los jugos, que contienen un nivel muy elevado de azúcar).
Además, la introducción de los sellos se incorporó a la vida cotidiana de más de la mitad de la población argentina: 55,9% declaró que utiliza los sellos negros «siempre o casi siempre» como guía primordial al momento de decidir sus compras.
Antes de la sanción de la norma, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019) solo el 13% de la población lograba interpretar la compleja información nutricional tradicional declarada al dorso de los envases.
Según la organización cordobesa Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) «los octógonos democratizaron el acceso a la información para toda la población independientemente de su nivel educativo».
“Rechazamos profundamente esta medida que representa un ataque directo a la salud pública. No existen argumentos sanitarios ni científicos que justifiquen la necesidad de derogar la Ley de Etiquetado. Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas, e implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada», expresó Fundeps en su sitio web.
El pedido de no derogación es acompañado por más de 300 instituciones académicas, organizaciones de salud pública y de derechos humanos, quienes le solicitan al Congreso que tome decisiones basadas en la evidencia científica disponible y rechacen el intento del Gobierno Nacional de desmantelar una medida efectiva de protección de la salud pública.
