En medio de la aguda crisis del sector por la pérdida de Pensiones No Contributivas, la deuda del Gobierno Nacional con entidades prestadores de servicios y con ello la urgente necesidad económica de estos trabajadores, se oficializó una actualización de solo el 2,6% en el Sistema de Prestaciones Básicas.
El Gobierno Nacional oficializó el pasado jueves la Resolución 517/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableciendo un aumento del 2,6% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncian que el aumento es insuficiente para solventar la crisis del sector.
El aumento se aplicará sobre los montos establecidos previamente por la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Entra en vigencia a partir de este mes de mayo, alcanza a todas las prestaciones incluidas en el sistema de atención integral y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026. En el mes pasado, los aranceles aumentaron un 3,4%, suba calculada según la inflación.
En la última Resolución, el Gobierno Nacional aclara que las actualizaciones arancelarias del nomenclador se realizan periódicamente a partir de las propuestas elevadas por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, según lo dispone la ley 24.901.
Además, se ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas. En esos casos, se mantendrá un reconocimiento extra del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en esa región, tal como establece el artículo 7 bis de la Ley 24.901.
El aumento no alcanza para subsanar a un sector en crisis
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se expresó respecto al aumento del 2,6% en el valor de los aranceles desde mayo.
«Desde el FORO advertimos que este incremento resulta insuficiente y no se condice con la realidad que atraviesa el sector. Prestadores, instituciones, transportistas, talleres protegidos y trabajadores continúan enfrentando una profunda emergencia, marcada por el atraso arancelario, el aumento sostenido de costos y las dificultades para garantizar la continuidad de las prestaciones y los apoyos«, apunta la organización en su página web.
El Foro concluye insistiendo en la necesidad de respuestas urgentes y acordes a la magnitud de la crisis económica en la que se encuentra sumido el sistema de atención a las personas con discapacidad, situación desencadenada por las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que continúa ignorando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
