Una auditoría del Ministerio de Salud incorporada a la causa judicial reveló un esquema de coimas, licitaciones direccionadas y facturación inflada en más de 800 expedientes vinculados a ortopedias, prótesis y sillas de ruedas. La investigación complica a exfuncionarios designados por el gobierno de Javier Milei y profundiza la crisis interna en la Casa Rosada.
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo explosivo.
Esta vez, las pruebas no provinieron de una filtración opositora ni de un avance autónomo de la Justicia, sino del propio Gobierno nacional: una auditoría interna del Ministerio de Salud detectó sobreprecios millonarios, licitaciones direccionadas y vínculos cruzados entre empresas beneficiadas con contrataciones estatales.
El informe, incorporado al expediente que lleva adelante el fiscal Franco Piccardi, analizó más de 800 expedientes relacionados con ortopedias, implantes y sillas de ruedas. Según la documentación, el mecanismo replicaba el esquema ya denunciado en la compra de medicamentos de alto costo: un grupo reducido de empresas simulaba competir entre sí para quedarse con contratos estatales a valores exorbitantes, mientras funcionarios e intermediarios cobraban retornos y coimas.
En el centro de la investigación aparece nuevamente Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis y ex abogado personal de Milei, señalado como el principal articulador de la maniobra. Spagnuolo había quedado bajo sospecha tras audios en los que afirmaba que “el 3 por ciento va para Karina y Lule”, en referencia a Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem. Su defensa intentó desacreditar la investigación alegando que los registros habían sido generados con inteligencia artificial, aunque la causa siguió avanzando y ahora suma documentación oficial producida por el propio Ejecutivo.
Empresas vinculadas y un lavadero de autos como domicilio fiscal
La auditoría identificó al menos seis firmas beneficiadas por las contrataciones: Farma Salud S.R.L., Ortopedia Bernat S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma.
Según el informe, varias de esas empresas compartían directivos, domicilios fiscales y vínculos familiares, configurando una estructura destinada a simular competencia en las licitaciones. El caso más paradigmático es el de Expo Trauma. El Estado habría pagado hasta 18 millones de pesos por una silla de ruedas cuyo valor de mercado rondaba los 950 mil pesos. Solo por ocho unidades, la firma recibió 134 millones de pesos, cuando el costo real total no superaría los 11 millones.
Además, Expo Trauma comparte domicilio fiscal con otras empresas involucradas en la maniobra. La dirección declarada -Avenida Lacroze 2911, piso 2, en la Ciudad de Buenos Aires- corresponde, según la investigación, a un lavadero de autos.
La firma también aparece mencionada en los cuadernos secuestrados a Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados y el único detenido hasta el momento. En esos registros figura una anotación donde “Expo Trauma” aparece asociada a “ofrendas” por 400,7 millones de pesos.
Otro de los elementos que refuerzan la hipótesis de asociación entre empresas es el vínculo familiar entre sus directivos. Martim Goncalo Armella, presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., es hijo de Evangelina Ileana García, titular de Artrobone Ortopedia S.A.
Sobreprecios de hasta 4.239%
La auditoría detectó diferencias escandalosas entre los precios pagados por el Estado y los valores de referencia de mercado o de otras licitaciones públicas.
Entre los casos más graves aparece una prótesis adjudicada a Ortopedia Bernat S.R.L. por 12,1 millones de pesos. El informe concluyó que el monto representaba un sobreprecio del 4.239% respecto del valor real del producto.
También se registraron incrementos millonarios en insumos cardiovasculares y endoprótesis adjudicadas a Farma Salud S.R.L. En algunos casos, el Estado pagó más del triple que el PAMI por los mismos dispositivos médicos, adquiridos apenas semanas antes.
En total, las licitaciones bajo sospecha involucraron unos 180 mil millones de pesos.
Interna libertaria y crisis política
La incorporación de un informe oficial que compromete a exfuncionarios nombrados directamente por Milei abrió interrogantes dentro del propio oficialismo. En tribunales interpretan que el Gobierno intenta despegarse políticamente del escándalo, en medio de crecientes tensiones dentro del denominado “Triángulo de Hierro”.
La Casa Rosada ya había avanzado en el desmantelamiento de la Andis, convertida ahora en una secretaría bajo la órbita de Salud. Formalmente, el argumento fue la necesidad de reorganizar el organismo y fortalecer controles internos. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones vinculadas a la discapacidad denunciaron que la medida también funcionó como cobertura política y profundizó el ajuste sobre las prestaciones.
Mientras tanto, el juez Ariel Lijo continúa tomando declaraciones indagatorias a los 19 procesados en la causa. Entre ellos ya comparecieron Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex número dos de la Andis.
El nuevo informe oficial podría convertirse en una pieza clave del expediente, puesto que aporta evidencia producida por el propio Estado contra funcionarios de la gestión libertaria.
Con información de Página 12.
