En el día de ayer una movilización masiva de docentes, no docentes, estudiantes y la sociedad en general marchó en todo el país por cuarta vez, en defensa del sistema universitario y exigiendo que el Gobierno Nacional cumpla la Ley de Financiamiento.
En el día de ayer martes 12 de mayo tuvo lugar en distintos puntos del país la cuarta Marcha Federal Universitaria, en donde la comunidad educativa y la sociedad en general se movilizaron exigiéndole al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta marcha ya se hizo en dos ocasiones en 2024 y en septiembre del año pasado: esta es la cuarta protesta exigiendo la recomposición presupuestaria para las universidades nacionales.
En la ciudad de Córdoba, la movilización partió desde el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, predio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), avanzando hasta el palco en avenida Hipólito Yrigoyen. Participaron también otras universidades nacionales de nuestra provincia: UNVM, UNRC y UTN.
A pesar de que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada y ratificada por el Poder Legislativo y promulgada en octubre de 2025, el Ejecutivo hace caso omiso de su aplicación. Mientras tanto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denuncia que el recorte presupuestario es del 45.6% sobre los recursos.
Tras la judicialización de la norma, dos fallos favorables y una apelación del Gobierno, ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra en el conflicto, por lo que los manifestantes le exigieron al máximo tribunal que acompañe el reclamo de la sociedad argentina por el derecho a la educación.
A pesar de la masividad del reclamo y la multiplicidad de sectores unidos en defensa de nuestro sistema universitario, la respuesta del Gobierno Nacional tras la multitudinaria cuarta marcha fue de burla. El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, declaró: «Podés juntar 5 millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí».
Que la Corte Suprema acompañe el reclamo de la sociedad argentina
Desde el escenario donde terminó la marcha en Córdoba, Constance Keegan, titular de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), expresó: “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, que escuche el clamor de todas las calles y plazas de la República, que impida que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario”.
Otros representantes que tuvieron la palabra en el palco fueron Inés Pastorino, representante de la gremial San Martín; Leticia Medina, representante de ADIUC; David Rincón, representante de la Universidad Tecnológica Nacional; y Esteban Cabo, representante de los no docentes de la Universidad Provincial.
En su discurso, Pastorino remarcó que “la situación presupuestaria es critica, el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones”.
Medina planteó que el Gobierno Nacional “cerró las paritarias” y causó “renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales”.
En representación de la UTN, Rincón hizo énfasis en el congelamiento de las becas universitarias. “La reducción de estas políticas expulsan a estudiantes del sistema universitario y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”, afirmó.
Cabo, en representación del sector no docente, manifestó: “La crisis no es sólo presupuestaria, debemos denunciar la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república”.
Jhon Boretto, rector de la UNC, habló de un “ajuste presupuestario a la UNC y el sistema científico en el que perdimos el 45% de las remesas del presupuesto en 26 meses”.
La cuestión, agregó, “ha impactado en todas las áreas, sobre todo en los salarios docentes y no docentes” y así “no se puede trabajar con normalidad”, aunque remarcó que “debemos defender la legitimidad y la confianza de la sociedad” en la educación pública superior.
